El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Carlos Nivio, se opuso a la iniciativa del gobernador Daniel Scioli por la cual entregará a una empresa privada durante los próximos 30 años las principales rutas de la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó que se intenten aplicar “recetas neoliberales”.
Según explicó el legislador, se trata de un negocio de $ 3200 millones a valores actuales de peaje, pero que será mucho mayor ya que se prevé un gran aumento de la tarifa hasta llegar a $ 50. Además, consideró que el proyecto presentado por Scioli “representa una muestra más de aplicación de las recetas neoliberales que significan el beneficio de unos pocos en detrimento de los muchos”.
En este sentido, manifestó que “las rutas deben estar al servicio del crecimiento de la Provincia que implica trasportes de producción, de cosechas, apoyo al trabajo, al turismo, a la salud, a la educación”. Por eso, consideró que deben ser pensadas para aprovecharlas y sostener “un proyecto de provincia en beneficio de todos”.
Nivio coincidió con la Comisión Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), desde donde se cuestionaron los incumplimientos contractuales, el manejo arbitrario de las cifras de dinero recaudadas, el aumento de las tarifas, los acuerdos entre el Gobierno y los empresarios para extender las concesiones, eliminar el canon y la obligación de mejorar las rutas, así como el otorgamiento de subsidios a los concesionarios.
Para fundamentar el rechazo, se fundamentó en que “actualmente el trabajo más importante de las empresas es el corte de pasto en las banquinas, ya que han quedando a cargo de Vialidad provincial las obras de pavimentación”. Y se recordó que en la actualidad las empresas COVISUR y Caminos del Atlántico recaudan algo más de $ 100 millones anuales con el cobro de peaje.
El proyecto del oficialismo indica que las empresas adjudicatarias realizarán inversiones por $ 300 millones anuales durante los primeros cuatro años de concesión, totalizando al final de la misma $ 8000 millones. “Esto evidencia la intención de aumentar como mínimo un 300 % el valor de la tarifa de peaje, sólo para solventar las inversiones comprometidas y sin ganancia empresarial, lo que avalaría su elevación a $ 50”.
Además se consideró como “sobrevaluadas” las obras viales que se deberían hacer en los primeros ocho años de concesión: “esto es así si tomamos en cuenta los precios testigos de la propia Vialidad provincial para la construcción de rutas: el costo de las proyectadas ascendería a unos $ 1200 millones, en lugar de los $ 2400 que figuran en el proyecto”.
Nivio cuestionó también el uso de que se hizo de la Tasa Gasoil, que fue creado para ser destinado a la realización de obras viales y para la eliminación o reducción del peaje, y que desde que se creó hasta el 30 de septiembre de 2009 se han recaudado $ 15.500 millones, del cual se utilizaron en obras viales $ 5.738 millones, correspondiendo solamente $ 1.084 millones para las ubicadas en territorio bonaerense.
Al respecto cuestionó el manejo arbitrario que el Gobierno nacional realiza de las cifras multimillonarias provenientes de este impuesto, ya que es depositado en un fondo fiduciario “sin controles” y ha sido utilizado para el otorgamiento indiscriminado de subsidios. El Ejecutivo sólo asigna el 70 % a las provincias y a Buenos Aires le corresponde el 26,61 %. La administración del 30 % restante queda a criterio y decisión exclusivos de la Autoridad de Aplicación, la cual depende del Ejecutivo. “El Estado nacional no aclara cómo reparte estos fondos”, dijo Nivio.
Según el legislador socialista, Scioli “presionó a los bloques oficialistas para que la Legislatura aprobara antes del 10 de diciembre el proyecto de ley para otorgar en concesión por 30 años a sola empresa para el cobro de peaje en la Autovía 2, las rutas 11, 63, 56, 74, así como un número no determinado de otras que se incorporarían a futuro”. Según trascendidos, sería el grupo Eurnekian el beneficiario del negocio.
