Faltan menos de 24 horas para la audiencia clave de conciliación que puede definir el futuro de Boca. Porque este jueves antes del mediodía se verán las caras los apoderados del club con los que representan a la oposición en el juzgado civil número 11 para llegar a un acuerdo que permita votar este domingo y elegir las nuevas autoridades que durante cuatro años estarán al frente de la institución. Y si bien el martes a la noche tras escuchar a Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra parecía improbable que las partes firmen un armisticio, algunas fichas se movieron a esta hora para tratar de acercar posiciones.
El resultado es incierto pero la actual comisión directiva irá al juzgado de la doctora Alejandra Abrevaya con una propuesta. La discusión está dada en principio sobre 13.364 socios que se pasaron de adherentes a activos entre agosto y noviembre de 2021, en el filo del cierre del padrón electoral. Estos son los electores “truchos” que denuncia la oposición. Pero por la mañana del miércoles, la Junta Electoral comandada por el oficialismo hizo un relevamiento sobre cada uno de esos socios objetados. Y según afirman, sólo 4.100 fueron asociados como adherentes y después pasados a activos durante la presente gestión en el lapso denunciado.
Este miedo recorre al oficialismo actual porque creen que con el recambio de autoridades nacionales, la IGJ pasaría a estar en manos de gente afín al nuevo presidente argentino, Javier Milei, y por propiedad transitiva a Mauricio Macri. “Como no nos pueden ganar con los votos, intentan ésto”, dicen los riquelmistas. Y si bien tienen un punto a favor, es bastante endeble la explicación sobre el porqué del paso discrecional de socios adherentes a activos en poco tiempo y sin respetar la antigüedad de los mismos. El argumento es que tras la pandemia hicieron una actualización del padrón y descubrieron que del número recibido de socios activos en 2019 al que había en 2021, faltaba esa cantidad. Entonces le dieron la chance a muchos adherentes. En una cancha cuya capacidad es de 57.000 personas, sumarle un 15% más de hinchas con opción a ingresar a los 85.000 que había era obvio que marcaría el actual escándalo de una multitud quedándose afuera y la instalación de un filtro súper restrictivo para hacerse de una localidad, lo que siempre genera un mercado negro atractivo y escandaloso que se está investigando por cuerda separada y que tiene en la mira a Cristian, hermano de Juan Román Riquelme, y al actual secretario general de Boca, Ricardo Rosica, causa que tenía prevista sus declaraciones indagatorias para mañana pero que fueron suspendidas sin fecha tras la recusación que Riquelme le hizo hoy a la fiscal por enemistad manifiesta.
Pero además de la reventa, en el caso del pase de adherentes a activos se insinúa en el proceso judicial que quienes lo hicieron lo lograron mediante favores, contactos, regalos y otras yerbas. Sobre este punto la actual administración admite la discrecionalidad, pero se asienta sobre la base que eso siempre fue así, argumento al que no le falta razón. “Ellos hicieron 51.000 pases así entre 2012 y 2019”, aducen. Y empuñan el artículo 19 del estatuto del club que habla de que los adherentes más antiguos tienen prioridad para subir a activos en caso de vacantes, pero que no hay obligatoriedad porque la política la fija la Comisión Directiva según el artículo 6. Una interpretación un tanto sesgada y que seguramente enojará a todo aquel que viene pagando hace diez años como adherente y ve como socios con mucha menor antigüedad pasan a activos por gestiones internas.
Así está la situación por estas horas de una causa que se inició semanas atrás tras la denuncia en la Justicia del candidato Andrés Ibarra. Este presentó la misma después de que una ex empleada del club y otros socios le contaran lo que presuntamente estaba sucediendo. Ante la denuncia, la jueza Abrevaya citó a declarar a la ex empleada, de nombre de pila Julieta (NdR: TyC Sports se reserva el apellido) y que está en juicio laboral con Boca, quién aseguró que mientras trabajaba en el club en el año 2021 advirtió unas 10.000 anomalías. También declaró un socio adherente que aseguró tener antigüedad de 10 años sin pasar nunca a ser activo. Ante esta situación la jueza decidió allanar Boca y llevarse los padrones para comprobar la presunta irregularidad. Le encargó la tarea a un perito quién en principio tras analizar la prueba, dijo que había sospechas de que la maniobra denunciada podía ser cierta.
Esa situación llevó a la magistrada a suspender las elecciones preventivamente, lo que se denomina una medida cautelar, hasta que tenga un fallo definitivo sobre el asunto. El argumento era atendible: si dejaba que se hiciera el acto eleccionario y después fallaba que esa gente no podía votar, había que anular todo. Ante la conmoción, se citó a la audiencia de conciliación este jueves. Si hay acuerdo, se vota el domingo como estaba previsto. Si no lo hay, Boca apelará la medida cautelar y eso llevará que todo el proceso tenga que definirlo la Cámara Civil. Que si revoca la decisión podría fijar nueva fecha para el 17 de diciembre. Pero si la confirma, no habría elecciones hasta que la jueza tome la decisión de fondo sobre los 13.364 socios. Decisión que según como salga también puede ser apelada por cualquiera de las partes lo que dilataría aún más los tiempos hasta que quede firme y se pueda votar. Y conociendo los tiempos de Tribunales, sería un milagro que todo se resuelva con celeridad.
Sí, parece una película de ficción pero está ocurriendo acá, en Boca, y todo por un tal John Kennedy que metió el gol con el que Fluminense dejó sin la séptima Libertadores al Xeneize y generó este escándalo de consecuencias impredecibles.
Gustavo Grabia
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