“Ha quedado debidamente acreditado, con el grado de sospecha que exige esta instancia, que el magistrado infringió los deberes a su cargo, de los que tenía cabal conocimiento al prestar juramento en su función primero como juez federal de primera instancia, y luego como camarista federal, atentando contra la independencia e imparcialidad en el desempeño de su función pública, al no cumplir con las leyes a las que estaba obligado en atención a su cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata”.
En duros términos, el titular del Juzgado Federal 2 de la ciudad balnearia, Santiago Martín, decidió procesar al ex magistrado Jorge Ferro, por el delito de violación a los deberes de funcionario público y tráfico de influencias agravado. Junto a él, también fueron procesados los abogados María de las Mercedes Hernández Morahín y Federico Ariel Gil de Muro.
Jorge Ferro integró la Cámara marplatense desde su creación en 1992, hasta su renuncia, el 22 de marzo de 2018. En septiembre de 2016 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, y en paralelo se formó una causa penal. Al presentar su renuncia, el trámite ante el organismo de contralor de los jueces quedó desestimado, pero el expediente en la justicia federal siguió su curso.
En aquel mes, se radicó una denuncia contra Ferro por parte del Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los Fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, con Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá a la cabeza. Al comienzo, el por entonces camarista era investigado por cargos de trata de personas y lavado de dinero, además de tráfico de influencias.
La causa se centraba en el reconocido prostíbulo Madaho’s Pub, situado a escasos metros del Sheraton Hotel de la ciudad de Mar del Plata. El mismo fue habilitado el 15 de octubre de 1997 como bajo el rótulo ‘bar nocturno’, y definitivamente clausurado el 19 de septiembre de 2014. El local era operado por la sociedad ROLAFA SRL y anteriormente por SAFAGO SRL, cuyos titulares eran Darío Navarro, Mario Lafalce, Mario Sasiain y Daniel Fay. La denuncia refería que a estos cuatro nombres se sumó el hombre clave de este entramado, Alejandro Ferrarello, conocido en la ciudad balnearia por ofrecer servicios jurídicos y contables sin poseer título habilitante de contador ni de abogado, en carácter de administrador del fideicomiso constituído sobre el inmueble en el que se desarrollaba la actividad.
Lafalce, Navarro, Day y Sasiaín fueron procesados en su momento como coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad. El 6 de septiembre de 2016, también Ferrarello fue procesado.
“Se encuentra ‘prima facie’ acreditado, que el magistrado ofreció asesoramiento jurídico a Ferrarello, y que a través de estas conductas, omitió cumplir con las obligaciones a su cargo”, señaló Santiago Martín en los autos de procesamiento, reprochando que “haya privilegiado sus intereses particulares por sobre los intereses generales”.
Apelados los procesamientos por las defensas de los imputados, intervino la Cámara Federal. De acuerdo al MPF, fueron los diferentes votos del camarista en las distintas instancias en que debió intervenir que permitieron inducir los vínculos entre Ferro y Ferrarello. Es así como el 2 de julio de 2015 el tribunal de alzada confirmó -en forma parcial- aquellos procesamientos, pero entendió que la calificación de los hechos no era la adecuada. Decidió luego declarar a la justicia federal como incompetente, remitiendo las actuaciones a la justicia provincial. Los delitos a investigar debían ser ‘promoción y facilitación de la prostitución’ y ‘explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena’. El MPF apeló el fallo y, en mayo de 2016, Casación decidió hacer lugar a dicha apelación, devolviendo lo actuado a la justicia federal.
El Dr.Martín menciona que el ex camarista, junto con Alejandro Ferrarello, además de los Dres. Hernández Morahín y Gil de Muro, “en forma organizada, premeditada y habitual al menos desde el año 2002 hasta el día 01 de mayo de 2018 , habrían desplegado conductas enderezadas a obtener decisiones jurisdiccionales favorables por la Cámara Federal de Apelaciones del circuito, como Tribunal de Alzada de la Justicia Federal de esta ciudad”.
Pese a la relación de íntima amistad y familiaridad en lo personal, profesional y económico que mantenían el entonces juez y el operador, acreditada en la causa, Ferro no sólo no se apartó, sino que adoptó posiciones dirigidas a favorecer la situación de Ferrarello. Tal es así, de acuerdo al dr. Martin, el ex camarista “debió haberse excusado para actuar en esa causa, al menos, a partir del momento en que desarrolló el allanamiento del estudio de su amigo,”.
El 20 de abril de 2015, se dispuso un allanamiento en el domicilio comercial del operador, donde se secuestraron -entre otros artículos- una computadora portátil y dos teléfonos celulares. Cuando la Cámara debió resolver sobre un pedido de restitución de dichos elementos al imputado, Jorge Ferro votó a favor de la solicitud, alegando que el secuestro de esos equipos era ‘innecesario y arbitrario’.
La División Apoyo Tecnológico Judicial de Policía Federal Argentina procedió al análisis de los teléfonos móviles, donde se descubrió que, entre los contactos de Ferrarello, estaba el Dr. Jorge Ferro. Adicionalmente, se descubrió contenido en forma de mensajes en la aplicación WhatsApp que sirvieron como prueba judicial. En un mensaje fechado el 20 de abril de 2015, día del allanamiento, puede leerse (dixit): ‘Jorge, recordá si podes averiguar lo de la posible denuncia que hablamos el viernes‘. Así mismo, entre el 25 de marzo y el 20 de abril de 2015 se detectaron un total de 10 comunicaciones entre ambos.
En la denuncia original, se aseguraba que la mutua cooperación entre ambos parece ser aprovechada por el operador ‘para ejercer alguna influencia indebida sobre el magistrado a favor de terceras personas’. Así mismo, “la prueba enunciada permitiría sostener que Ferrarello habría influenciado a Jorge Ferro con la finalidad de obtener decisiones acordes a sus intereses; siendo que este último acogería favorablemente a las peticiones formuladas”.
El pasado desconocido
No es la primera vez que el ex camarista se vio involucrado en cuestiones de trata. En 2011, el Fiscal ante el Tribunal Oral Federal Juan Manuel Pettigiani lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. En tal causa, se investigaban asuntos vinculados a la trata de personas en un prostíbulo de la calle Falucho 4071, de la ciudad de Mar del Plata. La denuncia decía, textualmente: ‘El mencionado incidente se inició con un escrito presentado por el abogado defensor de la imputada en el que solicitaba la nulidad del allanamiento del inmueble y ofrecía como prueba testimonial la declaración del Dr. Jorge Ferro dado que la imputada ha afirmado que el Juez Ferro era cliente del privado’. A posteriori, la mayoría kirchnerista que dominaba en aquella época el Consejo desestimó la denuncia.
Uno de los asuntos que el ex juez más se esforzaba en ocultar es su designación como juez de primera instancia. A través del Decreto 445, fechado el 27 de agosto de 1982, el presidente de facto Reynaldo Bignone lo designó titular del Juzgado Federal de la ciudad de Azul. Este hecho en sí mismo no significaría gran cosa, de no ser porque el kirchnerismo, durante sus doce años de gestión, echó mano de escenarios como éste para remover a funcionarios judiciales que no comulgaban con su causa. Un hombre de la ciudad que lo conoció muy bien grafica que “Ferro se cansó de lamer las botas de los milicos en la guarnición de Azul”. Pese a ello, el kirchnerismo lo protegió una y otra vez.
En este sentido, lo actuado por el ex magistrado en la desaparición de Carlos Labolita, acontecida el 25 de abril de 1976, se caracterizó por aspectos controversiales. Labolita, amigo y compañero de estudios del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, fue secuestrado en la localidad de Las Flores, cercana a Azul. En aquellos tiempos, Ferro se desempeñaba como secretario de juzgado de dicha ciudad, desde el mes de febrero de 1975. Tras ser nombrado titular del juzgado, debió investigar la desaparición de Labolita. Pero, en conformidad con los testimonios recogidos, recién en 1985-ya en democracia-, decidió imputar a dos militares para luego declararse incompetente y remitir las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Diez años más tarde, el juez Juan José Comparato se hizo cargo de la causa. Este magistrado avanzó con las investigaciones, logrando imputar a un grupo de ex uniformados, los cuales interpusieron recursos de apelación -luego resueltos por la Cámara Federal de Mar del Plata. Dato de color: Ferro intervino como camarista en una causa en la que había tomado partido como juez de una instancia inferior. Para este caso, vale el mismo razonamiento anterior: en tanto lo actuado por él en el caso Labolita podría no ser condenable, lo cierto es que, por mucho menos, se ha denunciado a numerosos magistrados a partir de actuaciones presuntamente dudosas en tiempos del gobierno militar.
Ya en democracia, Jorge Ferro siempre estuvo cerca del poder político. Arribó a Mar del Plata en 1985, siendo designado juez federal por los buenos oficios de un senador radical. En 1992, a instancias del entonces Ministro del Interior Carlos Corach, fue nombrado vocal de la por entonces flamante Cámara Federal. Eduardo Balestena, ex funcionario judicial tanto de la Cámara como del Tribunal Oral Federal, cuenta que el referido TOF “había sido creado a principios de los 90 y los jueces de la Cámara, entre ellos Ferro, que actuaban como subrogantes hasta tanto fuera habilitada la conformación definitiva del Tribunal, se resistían a su apertura porque cobraban otro sueldo más por ejercer esa subrogancia”.
En el año 2006, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado detener ilegalmente a un puñado de personas, entre ellos a un cuidacoches en la vía pública (por haberle indicado éste que no estacionara su auto en doble fila), a un funcionario de la estación de tren (tras no haber atendido debidamente a su requerimiento), y a menores (por haber ingresado con una pelota de fútbol a su propiedad). Pero, en la referida denuncia, también se consigna que Ferro habría presionado y coaccionado a empleados y funcionarios judiciales.
La denuncia ante el Consejo, que también incluía acusaciones por presunta coacción a jueces de primera instancia -para que lo absolviesen en una causa por enriquecimiento ilícito- fue finalmente desestimada por la mayoría kirchnerista.
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