Vecinos nucleados en la sociedad de fomento San Paula exigieron el reemplazo del interventor Hugo Toso, quien ha sido señalado por múltiples denuncias. Además, piden que se convoque a una nueva asamblea que designe las autoridades.
Luego de varias denuncias de vecinos en redes sociales, reapareció intempestivamente en la sede vecinal Hugo Toso, interventor de la entidad. Ante la falta de respuestas concretas, los vecinos juntan firmas para enviar una carta a Ariel Federico Giménez, director general de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, solicitando la pronta regularización de esa institución.
“En sus casi 30 años de trabajo y con el aporte y tesón de sus socios, nuestra entidad ha llegado a ser significativa para la comunidad consiguiendo construir no solo un espacio físico muy importante, que es además el único con el que cuenta nuestra comunidad”, relataron los vecinos.
En ese lugar funcionaron escuelas, posta sanitaria, centros de evacuados, espacios de recreación y de festejo, además de un espacio comunitario donde se gestionaron obras y programas y se fomentaron actividades y mejoras para la calidad de vida de los vecinos.
En el comunicado, se lamentan que en 2017 “producto de la desidia de una administración, la institución entró en un proceso de desorden que finalmente terminó en una serie de denuncias y un pedido de intervención”.
“Esa intervención estaba lejos de lo que pretendíamos los vecinos, que convencidos de la posibilidad de recuperar por nuestros propios medios y sin intervención estatal a la institución, participamos de reuniones y tratativas para remontar la compleja situación institucional y terminamos siendo víctimas de una gestión maliciosa y autoritaria con visos extremadamente intervencionistas”, expresaron.
La gestión que señalan es la de la entonces subsecretaria de ONG’s del Municipio, Stella Maris Marinier, quien según la nota “pidió la intervención, hizo lobby para obtenerla y propuso a Hugo Toso como interventor, asumiendo el mismo en ese rol el 12 de marzo de 2019”.
También denuncian que “desde esa fecha hasta hoy no solo la comunidad se vio privada del uso de esas instalaciones sino que además la sede fue robada, desmantelada y vandalizada en varias oportunidades, incluso llegando a la tentativa de ocupación de uno de sus lotes sin que desde la intervención se tomara medida alguna”.
No obstante, “lo más grave es que desde ese momento ninguna acción tendiente a regularizar la situación administrativa de la entidad se ha llevado adelante ni se ha dado a conocer a los socios”.
“Entendemos de quién depende la solución, pero nadie puede ser ajeno al daño que esta situación provoca en nuestra comunidad, nuestra sede y lo que ella representa como único espacio social, cultural, educativo, recreativo. Fue el logro de un esfuerzo colectivo y necesitamos recuperarla para que vuelva a ser el motor de crecimiento de nuestro barrio”, concluyeron.