Nueve hechos imputados a un total de quince personas, con distintos grados de responsabilidad, en una investigación orientada a determinar la eventual relación que existiría entre funcionarios policiales y sujetos vinculados al mundillo criminal marplatense. Así puede comenzar el análisis de las 435 páginas del pedido de elevación a juicio de la causa que mantiene detenido al exjefe de la Departamental de Policía marplatense, José Luis Segovia, según informa este martes el sitio 0223.com.ar.
En cumplimiento de los plazos legales, el Fiscal General Adjunto Marcos Pagella firmó el pedido de elevación a juicio que elaboró junto al personal de su dependencia y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI). Un total de 435 páginas y anexos probatorios que deberá evaluar el juez de Garantías Daniel De Marco y que tendrá varios pedidos de nulidades por parte de las defensas.
En el escrito se indicó que la investigación puso bajo la lupa un sistema de corrupción arraigado en los altos mandos de la fuerza policial local, la institución encargada de velar por la seguridad de los marplatenses. “Dicho sistema se manifestó en una de sus formas más perniciosas: la connivencia entre uniformados, marginales y delincuentes, en una red de acuerdos clandestinos donde la línea entre la autoridad y el crimen se desdibujó hasta volverse indistinguible”.
En tal sentido se afirma que “mientras los delincuentes y marginales pretendían -y a veces lograban— obtener impunidad, protección o información privilegiada, un funcionario policial corrupto recibía, como contraprestación, dinero procedente de actividades ilícitas y/o favores que le permitieron enriquecerse de modo irregular y, de forma paralela, consolidar su cuota de poder tanto en la propia estructura policial como en la comunidad, e incluso en ámbitos de la administración pública, particularmente en el judicial, donde al amparo de la buena apariencia, la corrección y una supuesta eficiencia, supo tejer y hacer uso y alarde de numerosas relaciones”.
Antes de desarrollar cada uno de los hechos y la responsabilidad de los imputados en uno o varios de ellos, la Fiscalía General sostuvo que se encontraron con sólido “pacto de silencio” convenido entre varios de los imputados e incluso con algunos testigos previamente aleccionados y guionados, sobre todo aquellos pertenecientes a la fuerza policial. “Como en las organizaciones criminales tradicionales, quedó en claro que en la policía también impera la ‘omertá’, ese código mafioso no escrito que impone el mutismo absoluto para salvaguardar la red de corrupción y conlleva represalias contra quienes se atreven a romperlo”, indicaron.
Según el repaso de 0223, en la primera parte de la investigación fueron imputados José Luis Segovia, el policía bonaerense Gastón Moraña, los exoficiales Javier González y Christian Hotlkamp, el comerciante cambista Jorge Toletti, el expolicía Nicolás Rivademar, el abogado Lautaro Resúa, Claudio Alaniz y el exmiembro de la DDI Javier Collova. En octubre del año pasado imputaron a otros cinco policías en actividad y uno en retiro efectivo, aunque no solicitaron sus detenciones.
En el pedido se solicitó juzgar también a Héctor Sosa -en retiro activo-, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Christian Gari, Sebastián Di Biase, Iván Medigovich y Juan Pablo Velázquez.
El primer hecho detallado en la requisitoria detalla el funcionamiento desde diciembre de 2019 hasta el 8 de mayo del año pasado de una asociación para la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico: uno de esos delitos fue el “apriete” a autores de robos calificados con botines millonarios a los efectos de brindarles impunidad.
Para los investigadores, el grupo logró desviar algunas investigaciones y hacer caer en errores a otros fiscales que investigaban los robos y a la propia Justicia de Garantías. También, a partir de la posición de Segovia como jefe de la DDI primero y luego de la Jefatura Departamental, se registraron distintos episodios constitutivos de abuso de autoridad.
Los últimos delitos detallados en la requisitoria son los relacionados con el control de la compra venta de dólares en la avenida Luro, la complicidad con cambistas y la extorsión a los “arbolitos” que debían pagar cuotas para operar. También se desarrolla el delito de prevaricato para el abogado Resúa –que obtuvo falta de mérito en el comienzo de la investigación- y la tenencia de arma de fuego en el allanamiento que se hizo en la casa de uno de los acusados de recaudar para Segovia.
En el pedido de elevación, y tras aclarar que en los casos de corrupción y criminalidad organizada la prueba directa del pago de coimas o sumas indebidas resulta especialmente difícil de mostrar, señalaron que ya al momento de solicitarse la prisión preventiva de Segovia se advirtieron ciertas y llamativas inconsistencias en su patrimonio que aparecían incompatibles con sus ingresos como funcionario policial. (DIB) GML
