El gerente General de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, confirmó que existen problemas legales que impiden la llegada de vacunas de su laboratorio a la Argentina, pero negó haber recibido un pedido de coima como sugirió la presidenta del PRO Patricia Bullrich.
“La actual ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que esta proponiendo Pfizer”, sostuvo Vaquer, durante su exposición en la Cámara de Diputados ante miembros de todas las bancadas.
Mencionó problemas que “tienen que ver con la indemnidad que son parte del marco contractual”, pero no entró en detalles sobre qué hace falta modificar de esa norma sancionada en noviembre con información recolectada por el entonces ministro de Salud Ginés González García en las negociaciones que había mantenido con los laboratorios.
Es que Vaquer, que expuso por zoom y de a ratos pareció leer respuestas, aclaró una y otra vez que no es abogado y por lo tanto no podía especificar los impedimentos. Ni siquiera confirmó si la traba en la negociación fue la palabra “negligencia”, incluida como atenuante para perder la inmunidad judicial de los laboratorios. Esa fue la versión del oficialismo.
De todos modos, Vaquer aclaró que las negociaciones no están cerradas y continúan entre apoderados de la filial local, la Secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra y el Ministerio de Salud.
“Es importante desatacar que Pfizer no tiene ningún interés en intervenir ningún activo del Estado: esto incluye recursos naturales, reservas del Banco Central, activos militares, estratégicos y culturales”, aclaró Vaquer, rechazando así las versiones que agitaron algunos diputados del oficialismo que habían pedido como garantía glaciares y otros recursos naturales de la Argentina.
Y aclaró que “en ningún momento hubo un pedido de pagos indebidos ni de intermediarios”, pero es “potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas avanza en su estrategia”.
Su exposición fue la primera de los laboratorios invitados y sirvió para que cada sector ratifique su posición, porque si bien admitió los problemas legales para negociar vacunas con Argentina, dejó pocas precisiones y no brindó información sobre el cumplimiento de los contratos firmados con los países de la región.
De hecho, desde el oficialismo se preguntaron con ironía: “¿Por qué con este marco legal Argentina compró millones de vacunas a laboratorios de las grandes potencias del mundo pero a Pfeizer no lo acepta? ¿Acaso confían menos en su producto que el resto de los laboratorios productores de vacunas?”.
En su discurso de introducción Vaquer informó que este año producirán 2500 millones de vacunas y que hubo una entrega de 640 millones con un cumplimiento contractual del “99.9%”, pero cuando los diputados José Luis Ramón y la oficialista Cecilia Moreau le exigieron un desglose, no supo darlo. “No estoy al tanto de las distribuciones que se están haciendo en todo el mundo”, se escapó.
Moreau, además, quiso saber sin éxito si esos números incluían las entregas dentro de Estados Unidos y como había sido el cumplimiento de los contratosen América Latina. En su exposición ante el Senado del último jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le sugirió a la oposición repasar el cumplimiento de Pfizer en América Latina.
Vaquer anticipó el desarrollo de vacunas para adolescentes desde 12 años y una investigación para niños 6 meses y 11 años. Además, informó la investigación para conseguir dosis que puedan combatir nuevas cepas, como la de Sudáfrica.
“El proceso de desarrollo de vacuna tarda 7 a 10 años y se aceleraron a meses, semanas y días. Esto incluye cláusulas de inmunidad que son consistentes en el mundo”, explicó y describió un proceso de negociación que se inició en julio de 2020.
“Ofrecimos al Gobierno 13.2 millones de vacunas para ser entregadas en diciembre de 2020. Luego hubo una segunda oferta realizada el 1 de octubre. Y la ley de vacunas fue publicada el 6 de noviembre”, reconstruyó Vaquer.
“En la segunda oferta el Gobierno negociaba volumen, nos pidió acelerar entregas y no demostró interés en avanzar con vacunas que se podían entregar antes de junio y marzo”, detalló. Ante una consulta de Massa aclaró que la oferta era de 1 millón en diciembre, 2 en el primer trimestre de este año, 5 en el segundo y el resto en el cuatro. O sea, 8 millones ya podrían estar en el país, si el contrato se firmaba y se cumplía.
Pero no fue igual de claro cuando se refirió a la ley. “No fuimos invitados a participar del proceso legislativo, pero sí habíamos compartido los aspectos contractuales con el Poder Ejecutivo y entendemos es potestad del gobierno decidir con cual laboratorio vacunar”.
Luego aclaró que “Pfizer no exige ningún cambio en la ley sino que propone cambios contractuales que son consistentes con las que tenemos en el resto del mundo”, pero cuando le reclamaron demandas puntuales, recordó que no era abogado y no podía darlas.