El presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego R. Garciarena, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para suspender con carácter general todos los plazos procesales en las causas en trámite ante el Tribunal Fiscal de Apelación.
La iniciativa alcanza al Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires y establece que la medida regirá desde el 1° de octubre de 2025 y hasta que el organismo quede efectivamente integrado y en condiciones de funcionar con normalidad.
Según se explica en el proyecto, el Tribunal se encuentra actualmente materialmente imposibilitado de funcionar por no contar con la cantidad mínima de vocales para conformar salas y dictar resoluciones válidas.
En ese marco, el legislador advierte que mantener los plazos procesales corriendo en estas condiciones genera una situación de “gravedad institucional”, ya que el organismo no está en condiciones de emitir sentencias ni resolver los expedientes en trámite.
APUNTAN A UN INCUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN DICIEMBRE
Cabe recordar que el debate vuelve a poner sobre la mesa las negociaciones de diciembre en la Legislatura, cuando oficialismo y oposición consensuaron el tratamiento del Presupuesto 2026 y, en paralelo, avanzaron con los pliegos para cubrir las vacantes del Tribunal Fiscal. En ese marco, el Senado y Diputados aprobaron los nombres propuestos para integrar el organismo, aunque el trámite quedó inconcluso a la espera de la jura formal.
En la sesión de principios de diciembre se aprobó las designaciones de los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi, Mariana Rodríguez y Ángel Villegas, junto con los contadores Marcelo Giampaoli, Cecilia Oroz y Fernanda Campo. Posteriormente, el Ejecutivo oficializó esas designaciones mediante el decreto correspondiente, pero los vocales aún no prestaron juramento, paso necesario para asumir plenamente sus funciones.
Desde la oposición advierten que la ceremonia de jura fue postergada en reiteradas oportunidades.
QUÉ PLAZOS QUEDARÍAN SUSPENDIDOS
El texto contempla la suspensión de:
- Plazos para interponer recursos
- Contestación de traslados
- Ofrecimiento y producción de prueba
- Cumplimiento de intimaciones
- Dictado de resoluciones y sentencias
- Todo acto susceptible de caducidad o pérdida de derechos
La medida alcanzaría tanto a los contribuyentes como a la Administración provincial.
Además, el proyecto señala que la suspensión también busca preservar el crédito fiscal de la Provincia, evitando la prescripción de acciones, multas o sanciones ante la imposibilidad de dictar sentencia.
REANUDACIÓN AUTOMÁTICA
La iniciativa establece que los plazos se reanudarán automáticamente una vez que el Tribunal quede integrado en número suficiente para su funcionamiento regular. En ese momento, el cómputo continuará por el tiempo restante al momento de la suspensión.
En los fundamentos, Garciarena remarca que el Tribunal cumple una función clave como órgano cuasi jurisdiccional encargado de revisar actos administrativos tributarios, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
También recuerda que en diciembre ambas Cámaras de la Legislatura aprobaron los pliegos de los vocales propuestos y que el Poder Ejecutivo dictó los decretos de designación correspondientes. Sin embargo, aún resta la toma de juramento para que los magistrados asuman formalmente sus cargos.
El proyecto declara la ley como de orden público y de aplicación inmediata, y sostiene que la suspensión tiene carácter excepcional y transitorio hasta tanto se normalice la integración del organismo.
QUÉ ES TFA
El Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (TFA) es un organismo jurisdiccional autónomo y especializado encargado de resolver controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria bonaerense, principalmente la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Actúa como tribunal de alzada en materia tributaria y catastral, garantizando la tutela jurisdiccional efectiva y la revisión legal de los actos impositivos dictados por el fisco provincial.
El Tribunal funciona con independencia del Poder Ejecutivo, lo que busca asegurar neutralidad en sus decisiones. Está integrado por vocales abogados y contadores, lo que le otorga un perfil interdisciplinario para analizar tanto los aspectos jurídicos como económicos de cada caso. Tiene sede en La Plata, pero competencia en todo el territorio bonaerense, y entiende en recursos contra determinaciones de tributos, multas y otras sanciones previstas en el Código Fiscal provincial.
