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El diputado nacional Pablo Ansaloni quedó en el centro de una trama que lo vincula tanto con la disputa sindical en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) como con su futuro político en la Cámara baja. El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se lo cite a declaración indagatoria, acusado de participar en un plan para intervenir el gremio y su obra social.
La causa se inició el 5 de febrero con la denuncia de José Voytenco, actual secretario general de la UATRE. Según el escrito, Ansaloni, junto a otros dirigentes, habría impulsado un “plan criminal” para desplazar a la conducción electa y recuperar influencia gremial tras su derrota en las elecciones de 2022.
El trasfondo sindical
La denuncia apunta a que la maniobra se materializó el 29 de enero de 2025, cuando Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales, firmó un dictamen solicitando la intervención judicial de la UATRE. Esa presentación derivó en la apertura de un expediente administrativo y en una resolución del secretario de Trabajo, Julio Cordero, también señalado en la causa.
Voytenco sostuvo que desde fines de 2024 Ansaloni, junto a Marcelo Andrada y Aixa Petriati, “habrían anunciado públicamente en distintos ámbitos que lograrían la intervención de la UATRE, haciendo circular un borrador de un dictamen del Director Nacional de Asociaciones Sindicales”.
La acusación también incluye la intervención previa en la obra social del gremio, OSPRERA, que quedó en manos de Marcelo Petroni. Allí, según la denuncia, se habrían celebrado contratos millonarios con empresas como Point Centurión S.A. y Droguería Disval SRL “por servicios que no fueron prestados”, lo que habría dañado el patrimonio de la entidad.
El frente judicial
En su pedido de indagatoria, Marijuan afirmó que “los elementos probatorios incorporados resultan suficientes para tener acreditado el grado de sospecha”. Entre las pruebas, la fiscalía citó informes periciales, declaraciones testimoniales, documentación incautada en allanamientos y comunicaciones entre los imputados.
La Cámara Nacional del Trabajo, sin embargo, rechazó el intento de intervención judicial del gremio. El camarista Carlos Pose fundamentó que la solicitud “resulta improcedente” porque “nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical (art. 4º ley 23.551)”.
Riesgo político en el Congreso
El futuro de Ansaloni no se limita al expediente judicial. En caso de que renuncie a su banca, el mecanismo de reemplazo por lista habilita la llegada de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desplazado tras la filtración de audios sobre presuntas coimas en la provisión de medicamentos, un escándalo que acecha a Karina Milei.
Ese eventual reemplazo abriría la puerta a un escenario paradójico: mientras un diputado investigado deja su cargo, otro dirigente cuestionado podría acceder al Congreso con fueros hasta 2027.
Un legislador bajo presión
Hoy, Ansaloni enfrenta un doble frente. Por un lado, la acusación de haber usado su peso político para avanzar sobre la conducción de uno de los gremios más importantes del país. Por otro, el riesgo de que su banca se transforme en un espacio de recambio institucional con consecuencias inesperadas para el oficialismo.
