La ex mandataria inició una causa judicial para que se anule la decisión de la ANSES y le vuelvan a pagar la pensión por viudez. Explicó a través de sus abogados que la ley establece que esas jubilaciones solo se pueden revocar en caso de juicio político, lo que no ocurrió en su caso.
El decomiso que ordenaron Luciani y Mola
A la vez, Luciani, Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con el decomiso del departamento de San José 1111, parte de un lista de 141 inmuebles que piden decomisar.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24?, señalaron los fiscales.
“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo ”.
De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.
