Fernando Rivera, presidente de CaIPA, analizó la coyuntura del sector patronal vinculado al reproceso en tierra luego de acordar el reajuste del segundo tramo de la paritaria con el SOIP. “Nuestro techo siempre fue el 90%. Acomodamos los porcentajes a las necesidades del gremio”, remarcó.
CaIPA y el SOIP rubricaron ayer el acuerdo que contiene el reajuste salarial del segundo tramo de la paritaria para los obreros del pescado bajo convenio 161/75 y el Anexo Pyme. Faltaban actualizar las tablas con los valores salariales para rubricarla ante el Ministerio de Trabajo.
Fernando Rivera se mostró conforme con la negociación cerrada con el gremio que encabeza Cristina Ledesma, aunque lamentó que la evolución del reajuste para los trabajadores sea mucho mayor que la variación del tipo de cambio oficial con el que las empresas desarrollan su actividad comercial.
“El primer ajuste fue del 60% para el primer tramo y ahora con este 80% que otorgamos entre agosto y diciembre entregaremos un 140% para el 2023, una actualización mucho mayor a la que tuvo el tipo de cambio. Entiendo que cualquier cosa que diéramos no alcanza porque la inflación licua el poder adquisitivo de los trabajadores, pero hay que entender que la situación de las empresas es mala, muy mala”, remarcó el dirigente.
Pese a la variación del tipo de cambio luego del resultado de las PASO, que llevó el valor del dólar a 350 pesos, para Rivera ese número es insuficiente. “Sufrimos con el dólar planchado que aplica el gobierno. Lo dijo Melconian en las últimas horas; si hubiese seguido la evolución de la inflación de este tiempo post PASO, el valor debería ser de 500 pesos. Pero el gobierno lo pisa para que no se desajusten otras variables”.
Para Rivera, la chance de solicitar la conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo, luego que el gremio promoviera asambleas permanentes en las plantas a modo de protesta por la dilación en las negociaciones, “es un derecho que tienen las empresas de poder defenderse. Muchas veces no podemos defendernos ante un piquete, un bloqueo que impide que la empresa pueda exportar un contenedor… Ahí no hay chances de negociar nada”, subrayó el dirigente.
Sobre la negociación con el gremio, manifestó que la posición de la Cámara siempre fue mantenerse dentro de lo que habían firmado con los gremios marítimos semanas atrás. “Nuestro techo era el 90% que firmamos con los otros sindicatos. Terminamos en un 80% hasta diciembre porque nos acomodamos a las necesidades del SOIP. Lo que hicimos fue anticipar la inflación; por eso entregamos el 40% a partir de noviembre y adelantamos lo del primer bimestre de 2024 con el 10% de diciembre”.
Rivera asegura que el acta no contiene una cláusula gatillo para revisar las condiciones salariales en diciembre, sino que estos valores marcan el cierre de la paritaria 2023 hasta el año que viene, aunque reconoció que, si la inflación se dispara en los próximos meses, deberán volver a juntarse con el sindicato.
“Las empresas no quieren sacarles la sangre a los trabajadores. Desde 2010 a la fecha si usted se fija tanto los trabajadores marítimos como los de tierra nunca tuvieron reajuste salarial por debajo del costo de vida. Si un año perdieron 5% al año siguiente ganaron el 10%”, explicó Rivera.
Para el presidente de CaIPA, esto ha llevado a una situación insostenible para las empresas porque el tipo de cambio “no evoluciona al ritmo del costo de vida, de la inflación, y eso lleva a una erosión de rentabilidad insostenible. Me dicen que hoy un 70% de lo producido por un barco se lo lleva la tripulación. Que quien exporta filet de merluza pierde casi mil dólares por tonelada. Si estas condiciones se mantienen el año que viene no se podrá pescar langostino. Las empresas siguen funcionando porque si paran se funden, no arrancan más. Porque no hay crédito ni capital acumulado como para hacer frente por mucho tiempo a contextos desfavorables”.
Por Roberto Garrone.