El flamante senador provincial Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon en uso de licencia, acaba de dejar “su otro lugar en el mundo” provisoriamente y entrega una ciudad abandonada, endeudada, insegura, con una administración que solo trabajó para algunos.
¿Cuál es su “primer lugar en el mundo”? “Quiero ser intendente de San Isidro porque amo San Isidro, es mi lugar en el mundo”, dijo el ex juez el 10 de julio de 2015 en un video publicado en Facebook.
Pero como no pudo allí, recaló en Mar del Plata de la mano de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Y en la ciudad costera, desde el 10 de diciembre de 2019, no existió un plan de gestión, lo que hubo (y sigue habiendo) es un plan de negocios.
Mientras los vecinos sufrimos la desidia y el abandono, las redes sociales de los funcionarios solo hablan de la iniciativa privada y de “la ciudad del sí” … solo para algunos.
Sin perjuicio del desmadre en otras áreas que marcan el penoso presente de nuestro distrito, la mayor preocupación debería centrarse en el futuro, y es justamente a través de la educación con la que debiera garantizarse el mejor de los futuros posibles. Y allí la falla del gobierno local es pavorosa.
SI bien venimos de al menos tres décadas de un profundo deterioro en esta materia, durante los últimos seis años es donde se hace más visible esta realidad.
Como una brutal mueca del destino, el final de la pobre gestión de Montenegro, al menos por ahora, hasta tanto no decida tomarse licencia como legislador y volver a asumir la intendencia, fue acompañada por la decisión de la justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad de dejar firme una sentencia de primera instancia y condenar a la Municipalidad de General Pueyrredon a pagar las diferencias salariales que centenares de docentes no percibieron en los últimos 20 años por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Si bien esto no es responsabilidad directa del gobierno de Montenegro, no es menos cierto que el municipio pudo haberse anticipado en estos seis años y no lo hizo.
Hace pocos días, la Suprema Corte de la provincia ratificó el fallo de Cámara y las arcas municipales, ya exhaustas, deberán afrontar una suma millonaria, ya que deberá abonar retroactivos de más de 25 años. ¿Cómo lo hará? Ya no es problema de Montengro, sino de su sucesor, Agustín Neme.
En suma, Montenegro también perdió la demanda legítima y legal de los docentes municipales, cuya liquidación correspondía al total del plantel docente ya que éste monto era obligatorio para todos los docentes de gestión estatal y privada. En síntesis, se pagaba algo que no estaba contemplado, pero no se abonaba lo que correspondía.
Una muestra más de la impericia de ésta y otras administraciones comunales que terminamos pagando todos los ciudadanos.
Contexto
La mayor responsabilidad del estado de la educación es, en nuestro país, de los gobernadores de cada provincia y del jefe de gobierno de CABA. Así lo establece la Ley de Educación Nacional 26206.
Los municipios pueden ser propietarios de escuelas, pero no tienen autonomía.
Solo se reconoce al sistema educativo provincial y este, a su vez, puede autorizar a religiones, clubes, ONG, sociedades, personas físicas y a las comunas la gestión de instituciones de todos los niveles y modalidades, que dependerán de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) más allá de que cobren cuotas o sean gratuitas. Así lo norma la Ley de Educación Provincial 13688
El caso de Mar del Plata es único en el país. ¿Por qué?
Por la sencilla razón de que el municipio es propietario de ochenta y cuatro (84) escuelas que conforman lo que se llama “sistema educativo municipal”, aunque en verdad no lo es desde un punto de vista estrictamente legal.
Un poco de historia
Los servicios educativos municipales surgieron en 1965 como una respuesta a las necesidades registradas en los barrios de la ciudad. Su emplazamiento en barrios alejados del centro y en contextos complejos, constituyeron un factor fundamental.
Con el pasar de los años, el municipio continuó creando escuelas hasta que durante la reforma educativa de 2006 y 2007 se estableció que la Provincia garantice una escuela secundaria prácticamente en cada barrio.
De este modo, pasaríamos de tener veinticinco (25) establecimientos a más de sesenta (60) en esta primera etapa. Fue entonces que en las reuniones de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) se discutió la articulación de las escuelas primarias municipales con las nuevas secundarias provinciales ya que, hasta entonces, no se contaba con ese nivel y le sería muy complejo al municipio sostener el financiamiento de sus escuelas.
La presión del Sindicato municipal (STM), docentes y comunicades educativas advertidas por éstos, torció la intención del entonces gobierno radical K de Daniel Katz y se resolvió la creación de secundarias municipales, dando continuidad a la trayectoria de los alumnos que cursaban hasta ese entonces EGB/ESB
El financiamiento de la educación municipal se complejizó aún más.
Pasaron algunos años y el ex intendente Gustavo Pulti acordó, a cambio de su recordada candidatura testimonial de 2009, donde también su inseparable aliado Daniel Scioli también fue “candidato a nada” por orden de Néstor Kirchner, un convenio de sostenimiento del 100% de los salarios de la educación municipal, con el compromiso de no crear nuevos cargos o establecimientos sin la autorización de la Provincia (Convenio tripartito)
A contramano de lo acordado, la creación de nuevos cargos y establecimientos sin autorización de la Dirección General de Educación bonaerense (DGCyE), más los incumplimientos a la normativa de DIEGEP, generaron desde 2010 una gran pérdida de aportes que en el año 2018 representaba casi el 50% de la masa salarial.
Para sostener el costo cada vez mayor, además de los recursos propios, la subvención provincial, y los fondos del convenio tripartito, se comenzó a utilizar el Fondo Nacional de Financiamiento Educativo (FFE), que debía destinarse a todas las escuelas públicas de Mar del Plata y Batán, representando montos varias veces superiores a los que las sucesivas administraciones provinciales han destinado al Consejos Escolar.
Mientras que, en otras ciudades, el FFE se utiliza para reparar escuelas y ponerlas en condiciones. comprar equipamiento tecnológico, realizar jornadas de capacitación gratuitas para todos los docentes, adquirir combis o micros para traslado de alumnos, pavimentar todos los accesos a las escuelas o dotar de mayor seguridad a los edificios escolares, en nuestra ciudad, en cambio, se lo destinó exclusivamente a pagar los sueldos del personal municipal.
Al hacerme cargo de la Secretaría de Educación Municipal en 2018, el entonces intendente Carlos Arroyo, lamentablemente ya fallecido, me dio instrucciones de ordenar todo lo atinente a lo administrativo y financiero, recuperar cargos subvencionados por la Provincia (perdidos por la gestión municipal precedente), y trabajar conjuntamente con el Consejo Escolar y demás autoridades educativas de la ciudad para garantizar que los recursos lleguen a todas las escuelas y no solo a las municipales.
A modo de ejemplo, destaco algunas de las graves irregularidades encontradas:
_ El municipio no solicitó autorización para crear 600 nuevos cargos docentes a la Dirección General de Cultura y Educación (conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio)
_ Se desdoblaron escuelas secundarias creando 7 (siete) extensiones (escuelas 211 a 217) sin gestionar su reconocimiento ante la Provincia por lo que quedaron fuera del convenio.
_ Durante años se incumplió la carga horaria del diseño curricular de Primaria, dejando a sus alumnos con dos horas menos de clases.
_ Se liquidaban sueldos y bonificaciones del régimen docente (Ley 10579 y reglamentarios) a agentes municipales que no desempeñan cargos de planta funcional aprobadas por DIEGEP, lo que generó un perjuicio al erario municipal y provincial y al Instituto de Previsión Social.
_ También se hallaron múltiples irregularidades administrativo-financieras que han generado la quita automática del aporte estatal realizado a través de la DIEGEP, algunas de las cuales son las siguientes: Modificación de la designación de los docentes en cursos y/o asignaturas sin respetar el Decreto o Resolución de nombramiento y sin el nuevo acto administrativo que lo convalide; Docentes jubilados que por años no notificaron su situación percibiendo una antigüedad del 120% más de su salario.
_ Además, se encontraron docentes Interinos con cambio de funciones (tareas pasivas) por fuera de la norma; falseamiento constante de la documentación elevada a la provincia; matrícula por debajo de los mínimos establecidos por la normativa vigente y/o cursos que se mantenían sin alumnos o dictándolos junto con otros para evitar su cierre y reubicación de docentes titulares; falta de pago del incentivo docente a los docentes no subvencionados.
Cabe destacar que todas las irregularidades fueron denunciadas, se iniciaron sumarios a los agentes responsables y se procedió a regularizar para recuperar aporte y transparentar todos los procedimientos.
Asumida la gestión de Montenegro y los funcionarios que responden al radical Maximiliano Abad en la Secretaría de Educación lamentablemente se volvió a foja cero.
Los sumarios fueron negociados con el sindicato, los agentes volvieron a sus funciones e incluso fueron ascendidos, toda la normativa que permitió ordenar y transparentar fue derogada y cada decisión se basó en la postura del STM.
Capítulo aparte merece la “devolución del código 59” que, con un nuevo decreto, la reestableció el flamante senador Montenegro durante su primer mes de gestión como intendente de General Pueyrredon.
Esta difícil decisión que tomó la administración de Carlos Arroyo y que permitiría sanear las cuentas municipales, fue comprometida por el entonces electo intendente que, pese al sustento legal, optó por congraciarse con el sindicato y los concejales radicales.
Tal como reza en un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 la decisión de restituir la Bonificación Docente se tomó porque “generó en el ámbito docente y laboral disconformidad y zozobra, alterando el normal funcionamiento del sistema educativo municipal» (sic). Asimismo, entre otras consideraciones la sentencia concluyó que: “la liquidación del sueldo realizada en exceso por la Administración, no crea un derecho en favor del beneficiario, aunque éste ignorare los motivos de tal falencia. Ello es así debido a que el pago se ha efectuado por error y sin causa (conf. voto Dr. Soria, en SCBA, causa B 61.780 «Toscani», sent. 28/12/2016 y causa B 61.792 «Fernández, Nilda», sent. del 19/10/2016)”.
Sobre todos los aspectos enunciados como irregularidades, se ratificaron las denuncias pertinentes en el Tribunal de Cuentas y en la Auditoría General de Gobierno de la Provincia, pasando a la instancia judicial en los próximos meses atento al perjuicio generado al erario municipal y provincial.
Fuente documental: Expediente 2018-14392/ Auditoría Integral a la Educación Municipal, Expediente 2019-14165/1 Informe de Gestión 2018-2019 y sentencias judiciales.
Prof. Luis Distefano
Director de www.profe.ar
@DistefanoLuis en X
Fuente
/loqvi.com.ar/
