Cuando se judicializan los conflictos de esta naturaleza es porque falló la política, o significa el fracaso para resolver problemas que obedecen a otro tipo de manifestaciones y que terminan pagando quienes no forman parte de la discusión. No hay que quedarse con la foto de hoy sino la película desde hace varios meses.
El intendente Guillermo Montenegro recurrirá a la denuncia judicial por extorsiones y aprietes, luego de una jornada en la cual la protesta de hizo sentir en diversos puntos de la ciudad con las consecuencias que tienen las manifestaciones de esta naturaleza.
A las mismas se llega a partir del irreversible desencuentro entre la autoridad política de la ciudad y distintas agrupaciones de taxistas que nuclean a patrones y sindicatos, que no está exenta de tintes políticos.
El arribo del servicio de la modalidad en aplicaciones, Uber y Cabify en este caso, que se activan por demanda de los pasajeros es el punto central del conflicto, que lejos de aplacarse ha tomado graves incidencias que incluso han perturbado el normal desplazamiento de terceros, como ocurrió anoche en la Ruta Nacional 2, en el acceso a la ciudad.
«No vamos a aceptar extorsiones ni aprietes. Vamos a presentar una denuncia penal por los cortes que remiseros y taxistas llevaron adelante hoy en General Pueyrredon«, dijo Montenegro.
Por su parte Lucas Fiorini introdujo a través de twitter una arista que enfoca a la comuna en otro tipo de incumplimientos y se expresó contundentemente. “No hay ninguna extorsión sino engaño y ninguneo del intendente: ahora se sufren las consecuencias de ignorar compromisos y promesas de campaña y, después de mentir, negarse a dialogar. Y para colmo agita denuncias legales cuando es el municipio quien incumple ordenanzas vigentes”
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