Ser y parecer no es un requisito moral para el ejercicio de la política argentina, sobre todo porque la costumbre pareciera ser contrariar las convicciones y los valores tradicionales.
En su intento (con buenos resultados) de parecer libertario, pese a gestionar durante sus cinco años como Intendente de manera opuesta a lo que propone el Presidente Javier Milei, Montenegro, con su forzado lenguaje chabacano, no aporta a la formación de nuestros niños y adolescentes.
Pese a no desconocer las formas de vincularse y comunicarse de los jóvenes, considero que en nuestro rol como adultos deben primar las buenas formas y tenemos la obligación de marcarles las malas costumbres.
En casa como padre, no permito que mis dos hijos utilicen las que llamamos “malas palabras”. Tampoco que levanten el tono o utilicen el celular en los momentos compartidos como familia. No los expongo frente a sus amigos, pero si no dejo de observarlo.
Como director de una escuela con más de mil estudiantes, actué de la misma manera. Era común caminar por el pasillo o en los recreos y que detrás de dos alumnas que se decían “bolu…” se “codearan” para autorregularse cuando se daban cuenta que venía caminando detrás y pedían disculpas. Esas observaciones o el “buen día” cuando los recibía todas las mañanas en la puerta, van marcando un perfil de egresado.
Se puede educar desde el amor y desde los buenos vínculos. No por marcar estas prácticas te convertís en un autoritario. Todo lo contrario.
Ahora, que difícil se nos hace inculcar estos valores cuando un gobernador crea un lenguaje paralelo o un intendente rebaja a la mínima expresión nuestro rico castellano.
Fisura, h…de p…., cagamos, algunos de los usuales términos utilizados por Montenegro
Las lamentables realidades van haciendo que cada vez exijamos menos de nuestros funcionarios, pero no debemos permitirnos seguir bajando la vara cuando está en juego el futuro de nuestros hijos y alumnos.
Para quienes venimos cuestionando al Intendente desde que lo conocimos, nada nos sorprende.
En mi caso particular, lo hago desde su “gestión” en educación, que es mi materia.
A poco menos de un mes de iniciar su mandato, y en contra de los intereses de los marplatenses y fundamentalmente de la mayoría de las docentes y alumnos de nuestra ciudad, volvió a utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo que envía Nación para pagar exclusivamente un “bono extra” a los empleados municipales.
No lo hizo ajustado a derecho sino por un compromiso de campaña electoral y un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales y con la UCR, su aliado en esta cuestión. De hecho, los funcionarios educativos responden al Senador Maxi Abad.
El Intendente hablaba, como ex magistrado que es, de “derechos adquiridos” cuando en nuestra provincia rige la Ley de Procedimiento Administrativo que pauta claramente cómo actuar cuando se detecta una irregularidad y que, justamente, esto no avala el supuesto alegado mediáticamente por Montenegro.
De hecho, en un fallo al respecto, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 determinó un reconocimiento salarial por la propia impericia de la administración actual. Más allá de esto que ahondaremos en otra oportunidad, transcribo algunos párrafos de la sentencia:
“la liquidación del sueldo realizada en exceso por la Administración, no crea un derecho en favor del beneficiario, aunque éste ignorare los motivos de tal falencia. Ello es así debido a que el pago se ha efectuado por error y sin causa (conf. voto Dr. Soria, en SCBA, causa B 61.780 «Toscani», sent. 28/12/2016 y causa B 61.792 «Fernández, Nilda», sent. del 19/10/2016)”.
«Que esa modificación en la forma de liquidar la mencionada «Bonificación Especial Docente», generó en el ámbito docente y laboral disconformidad y zozobra, alterando el normal funcionamiento del sistema educativo municipal» (sic)
“….el Sr. Intendente Municipal reconoció la necesidad de volver las cosas al estado anterior al dictado del decreto 2272/18, a fin de dar respuesta a los docentes afligidos por la reducción de sus haberes producida por aplicación de dicho acto administrativo y con el propósito de reestablecer -a partir de esa recomposición salarial- el normal funcionamiento del sistema educativo”…
Mediáticamente, Montenegro hablaba de la excelencia de la educación municipal que es orgullo de los marplatenses pero, cuando luego fue padre de “sus melli”, no los matriculó en uno de los jardines a su cargo, sino que apostó a la educación privada. No es pretensión que cuando uno asume un cargo público, deba cambiar a sus hijos de escuela privada a estatal porque esto rompería vínculos entre niños o adolescentes.
El Gobernador, funcionarios de todas las instancias y la mayoría de las sindicalistas docentes apuestan por la gestión privada aunque en discursos hagan otra cosa, pero en este caso, era el inicio de sus trayectorias escolares. Ser y parecer…
Los recursos que llegan a nuestra ciudad para cubrir el presupuesto educativo (sin considerar las subvenciones a través de la Diegep) provienen de Nación (entre un 92% a 95.5% del Fondo de Financiamiento Educativo que recibe el municipio) y el resto proviene de Provincia a través del Fondo Compensador que reciben los Consejos Escolares (Informe Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación y análisis de los presupuestos provinciales y municipales)
Si bien la provincia habilita a los jefes comunales a utilizar estos recursos prioritariamente a la educación municipal, en el caso de Gral Pueyrredon sucede algo único. Para solventar las 84 escuelas a su cargo, ya se utiliza subvención de diegep, convenio tripartito con financiamiento exclusivo, tasa de salud y educación creada por esta administración y además se quedan con el Fondo de Financiamiento casi en su totalidad.
Es decir que las casi 300 escuelas provinciales obtienen el 5% o 6% restante y permite confirmar que el pésimo estado de los edificios es absoluta responsabilidad de Kicillof pero también de Montenegro que paga salarios y bonificaciones ideales para una comuna con otra realidad.
Cabe destacar que, a pocos kilómetros, el Intendente peronista de Mar Chiquita destina este fondo a las escuelas provinciales de su territorio y su realidad es totalmente distinta.
Lo más reprochable resulta ser que todo el costo político de la difícil decisión y con el apoyo del gobierno provincial de entonces, la tomó el ex Intendente Carlos Fernando Arroyo, quien cumplió también con un compromiso electoral, pero en favor de todos los alumnos y docentes marplatenses y no solo de una minoría.
Otras determinaciones que tomó en contra de la calidad educativa, la transparencia de gestión y de los propios docentes municipales fue a solicitud de las autoridades sindicales, aliados explícitos en cada decisión que se toma en Falucho y Santa Fe.
Eliminó el curso de capacitación obligatorio para aspirantes a cargos directivos, la titularización anual por concurso (como se hace en PBA), el acceso por concurso a horas PEBA (hoy a dedo), el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, y el puntaje anual titular (para evitar discrecionalidad en la asignación de valoración).
También dinamitó la inscripción abierta de docentes de la ciudad para los listados municipales todos los años, el reglamento de concurso unificado y transparente para todos los municipales (hoy se acuerda entre funcionarios y sindicato los requisitos de cada concurso en función de “quien se inscribe” o a quien quieren), los listados complementarios y de emergencia publicados a la vista (para evitar que se designen con “título en mano”), y el cumplimiento de la normativa que impide a docentes jubilados integrar listados y tomar nuevos cargos, entre otras decisiones tomadas en su primer mes.
Luego llegó la pandemia. Vino muy bien para profundizar el “todo vale” y dejar de lado la normativa municipal y provincial vigente.
En todo 2020 ni el titular del municipio, ni el Secretario de Educación ni sus consejeros escolares publicaron, compartieron, o retuitearon algo en favor de la presencialidad o sobre el impacto que generaría el cierre de las escuelas en tiempo prolongado.
En octubre de ese mismo año, frente al silencio de los demás referentes educativos, comencé a asesorar y acompañar en silencio a “Padres Organizados”.
En reiteradas oportunidades solicitaron audiencia con el Intendente. Nunca los recibió.
Recién a mediados de enero de 2021 el municipio escuchó a los referentes de la organización que logró con su lucha la vuelta a clases, pero no difundió el encuentro hasta días después que Mauricio Macri comenzó a poner en agenda la necesidad de la presencialidad.
Como vengo repitiendo en cada artículo que escribo desde hace varios años, en materia educativa no hay grieta. El kirchnerismo, el PRO y la UCR piensan y actúan de manera similar. Son partícipes necesarios en la destrucción de la calidad educativa y la pérdida de la autoridad docente. Tienen otras prioridades.
El mejor ejemplo de tal afirmación es lo que ocurrió en PBA, donde votaron unánimemente el nuevo régimen académico de secundaria que profundizará al deterioro académico y la falta de límites en adolescentes.
En CABA, donde gobierna el PRO, hacen lo mismo pero con nombres más bonitos.
La agenda pasa por utilizar las paredes de las aulas en lugar de los pizarrones, crear espacios de “calma” para los alumnos (¿y los docentes?) o eliminar el timbre porque no es inclusivo y respetuoso de la diversidad. SI, el timbre según la Nota 2025-15301601 de la ministra de Educación de CABA, es disruptivo y genera incomodidad.
¿Será por esto que Montenegro busca ahora intensificar en educación con nuevos compañeros?
Director de www.profe.ar
@distefanoluis en X
