Tras el anuncio del intendente Guillermo Montenegro no hubo avance en el proceso de obras, que según sus declaraciones iban a comenzar durante esta semana. Lo cual confirma un nuevo episodio de una serie de incumplimientos, que han desbordado un proceso de sucesivas irregularidades manifiestamente adversas a las contrataciones, que de manera excluyente se deben cumplir en la administración pública y que no han sido observado en este caso, que han causado irreparables pérdidas al patrimonio público marplatense.
Los fiscales habrían reducido los hechos denunciados a simples incumplimientos contractuales, dejando de lado posibles conductas delictivas relacionadas con la actuación de funcionarios municipales y representantes de la empresa. Mirada Ciudadana se incorporó como particular damnificado y amplió los cuestionamientos sobre el procedimiento licitatorio, las condiciones contractuales, la solvencia económica de la adjudicataria y el origen de los fondos comprometidos.
La investigación se había iniciado a partir de una presentación del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, quien puso bajo análisis distintas circunstancias vinculadas con la adjudicación de los escenarios deportivos a la empresa Minella Stadium SA.
Se afirma en la denuncia: «La existencia de conductas delictivas vinculadas con el proceso mediante el cual se adoptó aquella decisión, con la intervención de funcionarios públicos, con las condiciones en que se confeccionó el Pliego, se evaluó y adjudicó la oferta presentada por Minella Stadium S.A., con la situación económica y societaria de la adjudicataria, con los antecedentes de REVEE y con el origen de los fondos comprometidos. El incumplimiento contractual es, en definitiva, la consecuencia de los ilícitos denunciados».
Se observa asimismo. «La existencia de facultades discrecionales de la Administración no genera un halo de inmunidad penal. Una decisión administrativa puede encontrarse comprendida dentro de las facultades propias de un órgano estatal y, simultáneamente, como en el caso, determinados actos u omisiones desplegados por las personas que intervienen en ella pueden resultar penalmente relevantes».
Y señala que existe allí una contradicción que no puede ser soslayada: «La Fiscalía General reconoce que la discrecionalidad administrativa está sujeta a control de legalidad, pero luego utiliza la naturaleza política de la decisión para excluir del análisis penal precisamente aquellas conductas que podían exceder el ámbito de esa discrecionalidad».
Y plantea que: «Si existieron hechos de corrupción en el proceso de licitación; si los representantes de Minella Stadium S.A. pudieron haber engañado o defraudado a funcionarios municipales; si intervinieron activamente funcionarios municipales incumpliendo las tareas que les fueran encomendadas; o si, finalmente, el proceso fue totalmente transparente».
Y deja expresa constancia sobre: «La propia investigación fiscal demuestra que el objeto fue dinámico. Luego de recibir las declaraciones testimoniales de Diego Alejandro Sebastián García, Horacio Daniel Taccone y Guillermo Volponi, se decidió circunscribir a determinadas cuestiones vinculadas con el incumplimiento de compromisos de Minella Stadium, la integración de REVEE y la eventual insolvencia y el origen de los fondos».
Y fundamenta al respecto que: «Los funcionarios públicos tienen el deber de agotar todos los mecanismos institucionales para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos licitatorios. Precisamente por ello, frente a circunstancias objetivas que introducían interrogantes sobre la adjudicataria, su situación económica y el origen de los fondos, no resultaba jurídicamente suficiente limitarse a constatar la existencia formal de los mecanismos administrativos».
En relación a otros fundamentos que existen agrega: «Incluso los medios de comunicación locales se han hecho eco de las irregularidades y dificultades financieras que presenta Minella Stadium S.A. para afrontar las obligaciones asumidas en el marco de la concesión. Tal es así que el Diario La Capital informó con fecha 14 de julio de 2026 que la sociedad había emitido catorce cheques sin fondos por una suma superior a los doscientos veinte millones de pesos, circunstancia que lejos de ser un hecho aislado aparece concordante con los restantes indicadores de insolvencia, cesación de pagos y falta de capacidad económico-financiera oportunamente puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Lejos de constituir una mera referencia periodística, la noticia refleja una situación patrimonial cuya verificación resultaba imprescindible dentro de una investigación destinada a esclarecer la verdadera capacidad de la adjudicataria para cumplir con las obligaciones asumidas frente al Municipio (Ver al respecto: https://www.lacapitalmdp.com/minella-stadium-emitio-14-cheques-sin-fondos-por-mas-de-220-millones/).
Y enumera que ante tales circunstancias: «Consideradas de manera conjunta y contextual, configuran elementos serios, objetivos, graves y concordantes que, cuanto menos, imponían avanzar sobre la línea investigativa originalmente propuesta por el Sr. Fiscal Federal Pettigiani y posteriormente acompañada, ampliada y robustecida por esta Asociación Civil. Frente a semejantes indicadores, la clausura prematura de la investigación no aparece como la consecuencia de una pesquisa agotada sino, por el contrario, como la renuncia anticipada a verificar extremos que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados».
