Una fuerte polémica se desató en Mar del Plata tras la decisión del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de implementar un nuevo sistema de fotomultas que incluye unas 200 cámaras y 50 cinemómetros fijos. Para ello, el alcalde del PRO acordó un reciente convenio con la Universidad de General San Martín (USAM) que debe ser convalidado por el Concejo Deliberante.
Desde la oposición, plantean serias dudas sobre la finalidad y la transparencia de la iniciativa. En especial, a partir de una sensible baja en la recaudación para la comuna respecto a los porcentajes que establecía el convenio anterior con la Universidad Tecnológica Nacional (fue rescindido unilateralmente por el Municipio por presuntas irregularidades en la tercerización de los servicios al sector privado). El nuevo convenio reduce al 24% el porcentaje de lo percibido por el gobierno municipal respecto del 50% establecido con el sistema anteriormente vigente.
“Hay muchas zonas oscuras y deja mucho que desear”
La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro, dialogó con INFOCIELO y desmenuzó los puntos más polémicos de la propuesta que impulsa el gobierno del alcalde del PRO, Guillermo Montenegro.
“Las dudas son totales. Es un convenio que debe ser convalidado por el Concejo Deliberante que puede aprobarlo o rechazarlo. Es la primera aclaración que le hicimos al intendente Montenegro” advirtió.
En ese sentido, diferenció la propuesta del acuerdo anterior con la UTN que “permitió al Concejo Deliberante hacerle un montón de modificaciones como darle una mayor recaudación al Municipio y que el 10% fuese destinado a seguridad vial, una comisión de seguimiento como contralor legislativo para evaluar el desempeño de un convenio que al final lo terminó rescindiendo el propio intendente” dijo.
“En este caso a Montenegro no le interesa la opinión del Concejo y solo nos pregunta si estamos a favor o en contra” comparó.
Seguidamente, la concejala del FdT advirtió sobre los perjuicios para la comuna en materia de recaudación: “Contra el 50% que nos quedaba antes ahora nos dieron el 24%. En términos de recaudación es malísimo y tiene un montón de zonas oscuras” sostuvo.
En esa dirección agregó que “el equipamiento no está claro si va a quedar o no en el distrito. No están claro los plazos del convenio. No hay cursos de capacitación y de educación vial. Es un convenio con muchas zonas oscuras y deja mucho que desear” sintetizó.
“Hubo un montón de irregularidades administrativas”
Otro de los puntos polémicos es la posibilidad de que haya empresas que puedan participar del servicio a partir de una tercerización. En juego hay un negocio millonario cuyo reparto mayoritario es para la prestadora del servicio: 56%, frente al 24% para el Municipio y un 20% correspondiente a la Provincia.
“Estamos preguntando y pedimos una sesión especial pero los concejales oficialistas no respondieron a ninguna de nuestras preguntas. Una de las cuestiones por la que se rescindió el contrato anterior fue porque las universidades muchas veces terminan tercerizando el servicio y conveniando con empresas. Preguntamos si en este caso, hay empresas incluidas o no. Es algo fundamental a saber. Porque en caso que suceda no se licita y es casi una contratación directa a la empresa” advirtió Marina Santoro.
Otra de las críticas se centra en la omisión para que el proyecto se discuta en la comisión de Educación, pese a la pertinencia de la temática en términos de concientización: “Hubo un montón de irregularidades administrativas. Desapareció una hoja foliada y es un documento público. Además de ser un expediente con zonas oscuras, fue sacado de una comisión donde la oposición tiene mayoría. Genera mucha suspicacia” afirmó la edil del FdT.
Respecto a las recientes declaraciones del intendente Guillermo Montenegro, en las que aseguró que el nuevo sistema no tiene una finalidad recaudatoria consideró: “Está mal que no lo tenga. Se está implementando un servicio que va a cobrar multas y es importante que el municipio no se desfinancie”.
“Debería haber dicho que no es solo con un fin recaudatorio el Intendente pero tiene que explicar primero por qué pasamos del 50% al 24%. Lo único que dijeron es que son más cámaras- 200- y eso lo hace más virtuoso pero la realidad es que el municipio no debería moverse del porcentaje del 50% que tenía con el convenio anterior” agregó.
Más cuestionamientos de la oposición
Para el Frente de Todos, el convenio de las fotomultas “debería venir también con especificaciones sobre los contenidos educativos de seguridad vial dado que se espera que una universidad no solo aporte recursos técnicos sino también académicos. Una política pública también tiene que ser educativa y debe apuntar a mejorar el cómo manejamos. Pero el Intendente dice una cosa y hace otra” afirmó Marina Santoro.
“El Ejecutivo no respondió los informes sobre el funcionamiento del convenio anterior. No se sabe cuántas multas se cobran, cuántas no, cuántas llegaron al Tribunal de Faltas y mucha información que la comisión de seguimiento no recibía. Ahora no tenemos ni siquiera comisión de seguimiento. El oficialismo no propone espacios de seguimiento ni ningún tipo de devolución donde se pueda evaluar” remarcó.
¿Cómo seguirá la discusión en el HCD de Mar del Plata?
El proyecto se debatirá en las comisiones de Seguridad, Movilidad Urbana, Legislación y termina en Hacienda para luego regresar al recinto.
“Queremos que Montenegro y sus concejales expliquen qué hay detrás de verdad y que se dé el tratamiento que corresponde. Además porque Mar del Plata tiene cinco universidades que no han sido convocadas para nada y es una descalificación al capital humano y académico local. Es un acuerdo a cinco años y no están claras las cláusulas de vencimiento y es una política pública que trasciende al gobierno actual y hay que ser muy responsables” concluyó la titular del bloque del FDT Mar del Plata, Marina Santoro.