La controvertida Patrulla Municipal de Mar del Plata volvió a ser noticia en los últimos días, como lo viene siendo, en verdad, desde su ampliación hace un año.
Es que la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de la ciudad, integrada por los jueces Gastón De Marco y Leandro Favaro, rechazó el recurso de apelación que había presentado el gobierno provisorio de Agustín Neme contra el habeas corpus iniciado por la denuncia de una golpiza contra un cuidacoches.
El Tribunal de Alzada de la justicia ordinaria declaró inadmisible el recurso que interpuso la abogada María Soledad Gaillour en representación del gobierno municipal contra la decisión del titular del juzgado de Garantías 5, Gabriel Bombini, quien el pasado 5 de febrero había dictado un habeas corpus individual en favor de un hombre que se desempeña como cuidacoches, quien denunció haber recibido golpizas por parte de agentes municipales en dos oportunidades.
Dicha medida fue apelada por el gobierno municipal a cargo interinamente de Agustín Neme, ya que el intendente Guillermo Montenegro se encuentra de licencia tras haber obtenido en las últimas elecciones una banca como senador provincial.
La resolución judicial le exige al Ejecutivo local la observancia estricta de una sentencia previa que prohíbe el despliegue de violencia, así como la sustracción de documentos u objetos personales durante las intervenciones en el espacio público.
¿A qué sentencia previa se refería? El 2 de julio de 2025, el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Tapia, había dado lugar a su vez a un hábeas corpus colectivo promovido por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ordenando al gobierno local limitar los operativos de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle.
El fallo del juez Tapia obligaba al Ejecutivo a omitir “todo despliegue de operativos por parte de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable”.
El caso en cuestión, que motivó la reciente resolución de Cámara, tomó relevancia a partir de la intervención del Programa de Monitoreo Territorial de la CPM y profesionales del Patronato de Liberados.
Según consta en el expediente, el denunciante presentaba hematomas y edemas en manos y piernas, lesiones certificadas por una revisión médica que arrojó una evolución de menos de 24 horas al momento de la presentación. La víctima relató que las agresiones se produjeron en el marco de la confección de actas contravencionales, e incluso denunció una aprehensión posterior por presuntos disturbios cuando intentaba formalizar su acusación ante la Justicia.
A fines del año pasado, la Comisión Provincial por la Memoria le había pedido al Juez Tapia, que controle el cumplimiento del hábeas corpus colectivo al que hizo lugar en julio al exponer nuevos episodios de violencia por parte de la Patrulla Municipal.
Sin embargo, el magistrado consideró que no era una función que le correspondiera realizar en el marco de la tramitación de ese expediente y, en cambio, ordenó la formación de una investigación aparte por parte de la fiscalía nro.12 respecto a los nuevos episodios de violencia denunciados.
La CPM en conjunto con la Regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) acudieron a la Cámara de Apelación para insistir con que sea el juez el que controle el cumplimiento del fallo y la resolución, con rechazo de ese planteo, fue tomada también este viernes por la sala I de la Cámara.
De esa manera, los camaristas confirmaron lo resuelto por el juez Tapia y allí también recomendaron que todas las actuaciones que se inicien ante el Ministerio Público Fiscal bajo la misma temática sean tramitadas de manera conjunta o acumulada.
“Si lo que se pretende discutir es si el amparado fue golpeado o no por personal municipal, el mérito va a surgir de la investigación pertinente. Lo que interesa aquí es que hubo un procedimiento de la patrulla municipal -algo no negado- que no se ajusta a los lineamientos del habeas corpus colectivo”, afirmaron los camaristas.
Pero también hicieron otra advertencia: casos como el denunciado en el habeas corpus en tratamiento podría configurar el delito de desobediencia por parte de las autoridades municipales.
Pero más allá de este hecho en sí, esta es una historia en la que no se salva nadie.
El llamado Cuerpo de Patrulla Municipal en Mar del Plata fue creado en verdad en el año 2020 por el intendente Guillermo Montenegro, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 para brindar apoyo en seguridad ciudadana, retenes en rutas y ordenar el espacio público.
El problema fue que, en 2024, ya con Milei en la presidencia, Montenegro comenzó a querer parecerse cada vez en las formas al mandatario y empezó a publicar una serie de tweets con un lenguaje impropio de el, que supo ser juez federal y secretario de Justicia de CABA.
“Fisura”, “Hijo de puta”, “chorro”, “te cagamos”, algunos de los epítetos que usaba el entonces jefe comunal.
En paralelo, amplió la Patrulla Municipal. Y él mismo se encargó de promocionar la inscripción de voluntarios.
Pero con algunos requisitos que llamaron la atención:
• Tener entre 18 y 40 años
• Medir más de 1,65 metros en el caso de los varones y 1,55 metros en el caso de las mujeres
• Mantener un índice de masa corporal (IMC) entre 18,5 y 27. En caso de superar este rango, se analizará el porcentaje de grasa corporal
En objetivo era “implementar programas de seguridad comunitarias, prevención de ilícitos e infracciones, así como también promover el desarrollo de estrategias que tiendan a optimizar la seguridad pública e interactuar con otras áreas de gobierno”.
Entonces las calles de la ciudad se poblaron de jóvenes corpulentos que, a decir verdad, recordaban a distintas fuerzas de choque, no solo de nuestro país y tampoco necesariamente del pasado reciente.
Y haciendo gala de sus esbeltos físicos y con el poder delegado por el Intendente, comenzaron a hacer foco en los llamados “fisuras”, en un alarde de extraña valentía. Cuidacoches, presuntos “inmigrantes” a los que obligaban volver a sus “provincias”, como si Mar del Plata fuera un Estado de bienestar como Dinamarca, personas que no se podían “tener en pie” por el consumo de drogas, etc.
Los abusos no tardaron en llegar.
Y allí fue cuando apareció la célebre Comisión Provincial por la Memoria, poniendo su cuota de dramatismo clásico.
“En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM viene monitoreando el despliegue de políticas represivas desplegadas por el poder ejecutivo local en Mar del Plata, desde un posicionamiento estatal que describen como “violento, expulsivo y discriminatorio” y que estigmatiza a determinados sectores vulnerables vinculándolos con el delito”, informaban el 4 de abril de 2025.
“El intendente Guillermo Montenegro se arrogó la facultad de otorgar a funcionarios municipales funciones policiales como la posibilidad de privar de la libertad, realizar cacheos y secuestrar pertenencias. Incluso habilitó la adquisición y la disposición a un cuerpo especial de armas menos letales cuyo uso está vedado para el personal municipal”, indicaban.
Y agregaban: “En ese marco ya ilegal la CPM pudo detectar que se cometieron delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, sustracción de pertenencias, expulsiones del ámbito de vida y subsistencia. “
Y la tildó de “grupo de tareas”, remitiendo a lo ocurrido en los nefastos 70.
Aunque se trate de un calificativo exagerado, lo cierto es que algunos de los integrantes de la patrulla actúan como un grupo de forajidos apoyados por el poder, como una especie de Patrulla Perdida.
O mejor aún, de una “Armada Brancaleone”, la recordada película italiana de 1966 de Mario Moniceli, donde un joven aristócrata llamado Brancaleone que, educado en el código ético de la caballería medieval, debe reclamar una presunta herencia que consiste en un feudo.
Para ello Brancaleone recurre al apoyo de un puñado de bandoleros mal armados y muy miedosos, que sólo buscan huir de las penurias del bandidaje sin correr grandes riesgos, y a quienes el fantasioso protagonista denomina seriamente «mi ejército».
“Eran morrudos y municipales. Nos empezaron a sacar a todos para afuera, nos empezaron a sacar todo y nos cagaron a palos y nos dijeron que nos vayamos. Fuimos a buscar otro lugar para dormir y también fueron y nos cagaron a palos, los mismos. Y así hasta ahora”, declaró en 2025 una de las víctimas a la CPM.
Y presentó el Hábeas Corpus Colectivo y una denuncia penal contra Montenegro, tras denunciar la muerte de Héctor Gustavo Caballero, “una persona de 51 años que dormía en la calle y que era hostigada y golpeada por la Patrulla Municipal».
Vale subrayar un dato no menor. El primer juez que falló a favor del Hábeas Corpus fue, como se dijo, el dr. Juan Francisco Tapia.
¿Quién es Tapia? El hombre que en diciembre de 2020 emitió la siguiente resolución, con lenguaje inclusivo y todo:
“Resuelvo ordenar a la PolicÍa de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries (SIC) de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.
¿Y la Comisión Provincial por la Memoria?
Creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Nº 2117 de 1999, y ratificada por ley provincial 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000, la Comisión “es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos”, según se afirma textual en su web.
La CPM había quedado en el centro de todas las miradas cuando el 27 de abril de 2020, en plena pandemia, emitió una declaración llamada “La prioridad es salvar vidas”, donde se manifestaba claramente a favor de que la Justicia promueva excarcelaciones a detenidos que sean eventuales pacientes de riesgo ante el avance del coronavirus.
Como se dijo, una historia sin héroes ni villanos.
