
Anoche montó su tribuna el senador nacional. Su aparato respondió a expectativas que disimulan cómo prolongar su permanencia insertado en un esquema que está bajo la lupa. No escapó la oportuna lectura de Adrián Belinche de la agencia Infocielo quien dedicó a Maximiliano Abad el generoso oportunismo de dedicarse a vivir de la política. Desnudó un método, la práctica de un mensaje que dejó de transmitir conceptos vacíos, sin alma. Su conducción dejó harapienta a la UCR de la Provincia de Buenos Aires. Alma mater de la política desde 1983.
«Durante años, la bandera de la libertad de expresión funcionó como un recurso discursivo recurrente para dirigentes que, desde la entonces oposición al peronismo (UCR, PRO, Coalición Cívica) encontraron en ese concepto una forma eficaz de disputar poder político y eterna visibilidad mediática.
Declaraciones públicas, presencia constante en señales de los grandes conglomerados mediáticos, y participación en espacios institucionales vinculados al tema “libertad de prensa” construyeron un relato que hoy, a la luz de la votación de la reforma laboral en Diputados, exhibe una contradicción difícil de disimular.
La derogación del Estatuto del Periodista dejó expuesto que aquella defensa enfática de la libertad de expresión tenía un alcance acotado. Protegía con celo la capacidad de los grandes medios para editorializar sin límites, pero no incluía el respaldo a los derechos laborales de quienes producen diariamente la información.
Giudici y la libertad de prensa como bandera opositora
El recorrido político de Silvana Giudici ayuda a entender esa lógica. En su etapa como opositora a los gobiernos kirchneristas, su nombre apareció de manera reiterada asociado a debates sobre libertad de expresión.
Integró y presidió comisiones parlamentarias vinculadas al tema y promovió iniciativas y espacios con denominaciones explícitas, orientadas a denunciar supuestos avances del Estado sobre la prensa.
Ayer, sin embargo, Giudici votó afirmativamente la reforma laboral que elimina el estatuto que regulaba condiciones específicas del trabajo periodístico. Esta vez sin discurso encendido ni advertencias sobre riesgos democráticos. Hubo un voto concreto que debilitó a los trabajadores de prensa, y ella fue cómplice y hasta impulsora.
El contraste es directo: la legisladora que construyó capital político hablando de libertad acompañó una norma que profundiza la precarización laboral en el sector periodístico.
Abad y la ausencia en el momento clave
La conducta del senador de la UCR por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, completa el cuadro desde otro ángulo.
Con antecedentes en espacios institucionales ligados al debate democrático y con un discurso que, en distintos momentos, incluyó referencias al valor de la libertad de expresión, Abad optó por no estar en su banca del senado cuando se votó el artículo que derogó el Estatuto del Periodista.
En una votación ajustada, no participar equivale a facilitar el resultado. Abad no votó en contra ni dejó constancia pública de un rechazo. Eligió correrse del centro de la escena, evitando el costo político de un aval explícito pero permitiendo que la norma avanzara.
Esa decisión también comunica una posición. En los hechos, la supuesta defensa de la libertad quedó subordinada a la disciplina política y a la conveniencia coyuntural.
Salarios, precarización y expresión condicionada
El Estatuto del Periodista no garantiza privilegios ni blindajes ideológicos. Funciona como un marco que vincula salario, condiciones de trabajo y libertad de expresión. En un contexto donde los sueldos del sector vienen perdiendo poder adquisitivo y la informalidad avanza, su eliminación profundiza una tendencia conocida. Habrá menos estabilidad, más dependencia, más competencia entre pares, y mayor autocensura.
Un periodista con ingresos bajos y vínculos laborales frágiles difícilmente pueda ejercer una libertad plena. La presión económica opera como límite silencioso al derecho a informar.
La reforma votada refuerza ese escenario, mientras algunos de sus impulsores continúan invocando, de manera abstracta, la hipócrita idea de “libertad”.
La sesión en Diputados dejó una imagen sin contrastes. Cuando la libertad de prensa servía para confrontar desde la oposición y la comodidad de los jerarcas dueños de empresas gigantes de medios, Giudici la defendía con énfasis. Cuando implicó sostener derechos concretos de los trabajadores de prensa, fue sacrificada sin mayores explicaciones.
En ese espejo, con matices, ambos diputados reflejan una misma lógica, que es la de discursos firmes para los micrófonos del poder real y decisiones funcionales a los intereses patronales cuando llega la hora de votar».





