La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la demanda de revisar la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el presidente Javier Milei, pero lo hará luego de la feria judicial de enero, con el decreto ya en vigencia.
“Esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, señalaron en la resolución que emitieron luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, interponga una acción declarativa de certeza.
De esa manera, el tratamiento judicial del DNU y los recursos interpuestos sobre el mismo se revisarán recién a partir del 1 de febrero de 2024, luego del tratamiento en el Congreso de la Ley Ómnibus, previsto hasta el momento para el 24 de enero.
El recurso que había interpuesto Ricardo Quintela
Patrocinado por Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, formalizó a la Corte Suprema una acción declarativa de certeza en la que reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto publicado por Javier Milei, con la justificación de que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal”.
“Así mismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”, agregó el Gobernador.
Y afirmó que “con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.
A partir del dictamen de la Corte Suprema, el decreto entrará en vigencia a partir de hoy y se mantendrá firme al menos durante todo enero. Al regreso de sus vacaciones, los magistrados podrían darlo de baja, si es que antes no lo hace el Congreso.
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