Política

La carta con la que el Presidente pedirá el juicio político a la Corte: “Está en riesgo la gobernabilidad”

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En la carta que presentará este miércoles el Gobierno ante la Cámara baja, solicitando el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández y los 11 gobernadores que acompañan con sus firmas acusan al Máximo Tribunal de poner “en riesgo el equilibrio republicano”, y de esta manera terminar “afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.

La carta está dirigida a Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y el inicio del proceso institucional de juicio político alcanza al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al resto de los miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”, refiere el escrito.

Un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes (…) pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”, dice la misiva.

Dura acusación: Rosatti “ha desarrollado operaciones políticas a través de arbitrarios fallos judiciales”

El presidente del Máximo Tribunal es el principal apuntado en el pedido de juicio político. De hecho, originalmente se había acordado que fuera el único, pero finalmente se agregó el resto de los miembros de la Corte, por realizar “hechos escandalosos, irregulares e ilegales”, dice la nota.

En cuanto al titular de la Corte, el escrito considera que “Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles (su vocero y persona de máxima confianza), ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

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