El Senado de la Nación avanzó con la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tras darle media sanción a esa iniciativa.
De concretarse con el aval de la Cámara de Diputados, el Estado apuntará hacia un mayor monitoreo y fiscalización de las exportaciones que se dan en la principal vía marítima y de comercio que tiene el país y uno de los más importantes de Sudamérica.
Por allí, se exportan más del 70% de los bienes que produce nuestro país y se cree que, por allí, se comercializan al menos 100 millones de toneladas de granos (principalmente soja y trigo). Desde los 90, esa vía navegable está en manos de la empresa bi nacional, Jan de Nul, de capitales belgas y la empresa Emepa del empresario argentino Gabriel Romero.
El pasado 30 de abril, se venció la prórroga de la licitación, por lo cual se abrió una posibilidad histórica para el país, que no controla directamente esta vía desde hace más de 25 años. La misma se extenderá por tres meses más tras la trágica muerte del ex ministro de Transporte, Mario Meoni.
Por eso, un sector del oficialismo insiste con iniciativas que van desde la conformación de un control privado-estatal, hasta la estatización general de la Hidrovía.
Uno de los más convencido en este camino es el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, quien consideró que el Estado “tiene que tener el control, la fiscalización y el cobro de los peajes”.
“El estado tiene que recobrar el manejo de la Hidrovía y tener el control completo y absoluto de sus vías navegables. Después si una tarea la realiza un privado o el propio Estado, en los dos casos tiene que estar sujeto a control y decisiones del Estado”, indicó Kicillof este sábado en el marco de una entrevista por radio La Red.
Para el gobernador, “la decisión sobre cómo funciona nuestro sistema de puertos es una decisión soberana que debe tomar la sociedad a través del Estado”.