La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a intendentes e intendentas de todo el país, elevó una carta al Ministerio de Economía en la que expuso un diagnóstico crítico sobre la situación económica, fiscal y social que atraviesan los gobiernos locales.
En el documento, los jefes comunales advirtieron que la combinación de caída de recursos, aumento de costos y creciente demanda social configura un escenario “de alta complejidad” que amenaza la sostenibilidad de los distritos.
El planteo, dirigido al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subraya que los municipios son “el primer mostrador de la democracia”, donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: menor consumo, dificultades para sostener la producción, presión sobre los sistemas de salud y asistencia, y complicaciones en el acceso al transporte.
Los intendentes advierten por la situación fiscal
En ese marco, los intendentes señalaron que la situación fiscal se deterioró en los últimos meses. Según precisaron, la coparticipación federal registró una caída del 11% en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa que ya se arrastraba desde 2024. A eso se suman, indicaron, la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos, que impactan tanto en las economías familiares como en la estructura de costos de los municipios.
El documento también cuestiona la utilización de recursos nacionales. En particular, menciona que el Gobierno recaudó 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta fines de marzo, sin que esos fondos se destinen a obras viales ni a aliviar el precio de los combustibles. Además, advierte sobre la falta de transferencias vinculadas al sistema de transporte, lo que agrava la situación de un servicio clave en muchas ciudades.
Cierre de más de 22.000 empresas
En el plano productivo, la FAM alertó por el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y por el impacto negativo en las economías regionales. La suba de tarifas, remarcaron, encarece la producción y retrae el consumo, mientras que la desaparición de herramientas de apoyo a pymes y emprendedores debilita el entramado económico local. A esto se suma una fuerte caída de la actividad turística, que atraviesa una de las peores temporadas de las últimas dos décadas.
El aspecto social es uno de los ejes más sensibles del informe. Los intendentes señalaron que la demanda de alimentos y asistencia social creció un 100%, en un contexto en el que, según denunciaron, no hubo envíos de ayuda alimentaria desde el Gobierno nacional. También advirtieron sobre las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos básicos y sobre el deterioro en la cobertura de personas con discapacidad, que en algunos casos perdieron pensiones o asistencia para tratamientos.
“La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, remarcaron, al tiempo que describieron un deterioro general en las condiciones de vida de trabajadores y familias. En ese sentido, advirtieron que, de no mediar medidas urgentes, el país podría enfrentar una “verdadera catástrofe social”.
Revisar la coparticipación
Frente a este panorama, la FAM solicitó una serie de medidas concretas. Entre ellas, la revisión del esquema de coparticipación federal, la normalización en el envío de fondos nacionales y la restitución o compensación de subsidios eliminados. También pidieron garantizar la entrega de alimentos, implementar mecanismos de compensación para el transporte público por el aumento del gasoil, y reactivar políticas de apoyo a la industria, las pymes y las economías regionales.
El documento incluye, además, reclamos vinculados al acceso a medicamentos para jubilados, el fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad y una mayor transparencia en la distribución de recursos estratégicos. Como punto central, los intendentes propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para abordar de manera conjunta los desafíos actuales.
“Se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los gobiernos locales y garantizar condiciones mínimas de bienestar”, concluye el texto.
