Guilermo Francos no dudó cuando le preguntaron el costo social del ajuste implementado por el gobierno de Milei. «No se puede responder a qué costo» sostuvo el ex jefe de gabinete en una entrevista con Infobae. Para Francos la Argentina debía sanear la economía después de la décadas de déficit y, en este proceso, necesariamente habría costos.
Pero justamente ahí aparece la pregunta que el exfuncionario intenta cerrar: ¿Quién paga ese costo?
Porque hablar de equilibrio fiscal es una cosa cuando se lo observa desde una planilla del Estado y otra muy distinta cuando el ajuste se traduce en universidades con menos recursos, rutas deterioradas, recortes en áreas sensibles o familias que recurren al crédito para llegar a fin de mes.
Francos fue consultado puntualmente por el periodista Diego Iglesias sobre algunos de esos efectos: la educación pública, las universidades, la ciencia y tecnología, las personas con discapacidad y las rutas nacionales. Su respuesta fue defender la lógica general del ajuste y, en el caso de la infraestructura vial, atribuir buena parte del deterioro a la corrupción de gobiernos anteriores. El argumento oficial puede ser válido como explicación del pasado. Lo que no responde es qué ocurre con esos problemas hoy.
Universidades y rutas: el costo de no gastar
El conflicto universitario es quizás uno de los ejemplos más claros. Mientras la comunidad universitaria continúa reclamando por el deterioro de sus ingresos y del funcionamiento de las casas de estudio, el Ejecutivo sostiene como prioridad preservar el equilibrio fiscal.
Algo similar ocurre con las rutas nacionales. El Gobierno hizo de la paralización de la obra pública uno de los símbolos de su programa de austeridad. Pero las rutas no dejan de deteriorarse porque el Estado deje de invertir en ellas. Los pozos, las banquinas destruidas y la falta de mantenimiento terminan trasladando el costo hacia quienes las utilizan todos los días.
Por eso, responder que las rutas están así por “la corrupción de años anteriores” puede explicar una parte de la historia, pero no alcanza para responder qué hace el Estado frente al deterioro actual. Si hubo corrupción, debe investigarse. Pero una ruta destruida sigue siendo una ruta destruida.
ANDIS y una pregunta incómoda
El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) agrega otra dimensión al debate. Las sospechas de direccionamiento de contrataciones y cobro de coimas que alcanzaron a exfuncionarios de la agencia muestran que el problema del Estado no necesariamente se resuelve simplemente gastando menos. También hay que controlar cómo se gasta, quién decide y quién se beneficia.
Porque si la corrupción existe, el ciudadano no debería pagar dos veces: primero a través de un Estado ineficiente y después a través del recorte de las políticas que necesita.
Mientras tanto, las familias también “sanean” sus cuentas
Hay otro costo que aparece menos en los discursos oficiales. La inflación se redujo considerablemente respecto de los niveles que recibió el Gobierno, pero no llegó a cero. Los precios siguen aumentando, mientras tarifas y transporte también acumulan incrementos y los salarios continúan intentando recuperar el terreno perdido.
La consecuencia aparece en un lugar concreto: el endeudamiento. Los datos del Banco Central muestran un fuerte aumento de la morosidad de los hogares. Muchas familias utilizan tarjetas de crédito y billeteras virtuales para financiar consumos cotidianos y llegar a fin de mes.
Es difícil hablar de una elección completamente libre cuando una familia tiene que decidir entre endeudarse o no comprar alimentos, pagar una factura o cubrir un gasto básico. Y allí aparece otra frase de Javier Milei que resume buena parte de la mirada oficial: “nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”.
El problema es que una familia que necesita crédito para comprar comida no está tomando una decisión financiera desde la comodidad de una planilla de Excel. Está tratando de llegar al próximo sueldo.
El contraste que deja a Francos expuesto
Y hay un dato que vuelve todavía más incómoda la defensa de Francos. El exjefe de Gabinete dejó el Gobierno, pero continuó como director titular de YPF en representación del Estado. Mientras ejercía como jefe de Gabinete había ocupado ese lugar ad honorem. Después de dejar el cargo comenzó a percibir honorarios.
Según una información publicada sobre la remuneración aprobada por la petrolera, los integrantes del directorio reciben en promedio alrededor de $ 80 millones mensuales.
Francos, que antes no cobraba por esa función, pasó a hacerlo después de abandonar la Jefatura de Gabinete.
No hay ninguna ilegalidad en cobrar por un cargo para el que fue designado. La cuestión es otra.
Francos habla de que “sanear la economía significa que va a haber costos”. Pero para una parte importante de la sociedad esos costos significan perder poder adquisitivo, endeudarse, resignar servicios o postergar necesidades básicas. Para él, después de dejar la Jefatura de Gabinete, significaron también incorporarse a un directorio con una remuneración millonaria.
La distancia entre ambas realidades no invalida por sí sola sus argumentos económicos. Pero sí permite hacer una pregunta perfectamente legítima: ¿desde dónde se habla cuando se dice que el sacrificio es inevitable?
La estabilidad fiscal puede ser una herramienta necesaria. Lo discutible es convertirla en una explicación que cierre cualquier debate sobre sus consecuencias. Porque sí importa a qué costo.
Importa para el estudiante que pelea por el presupuesto de su universidad, para quien transita una ruta deteriorada, para la persona con discapacidad que necesita una prestación y para la familia que llega a fin de mes con la tarjeta al límite. Y también importa quién está en condiciones de soportarlo y quién no.
Francos dice que el costo del saneamiento es inevitable. El problema es que, hasta ahora, parece haber quienes pagan mucho más que otros.
