Una investigación judicial impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán recrudeció las sospechas sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. La denuncia apunta a una presunta trama de corrupción que involucraría a empresarios, funcionarios públicos y actores del ámbito académico, con el objetivo de desviar fondos públicos mediante maniobras irregulares.
El caso enfrentó oportunamente al senador provincial Guillermo Montenegro y al diputado nacional Alejandro Carrancio hoy alcanzado por los créditos subsidiados del Banco de la Nación.
Según la presentación, el esquema habría operado a través del pago de coimas a cambio de habilitaciones para la instalación de radares, así como mediante la utilización de estructuras vinculadas a universidades públicas para reducir cargas fiscales y eludir controles administrativos.
En el centro de la investigación aparece el empresario Leandro Camani, señalado como uno de los principales actores del negocio. Es propietario de las empresas Seccutrans y Tránsito Seguro, proveedoras de la tecnología utilizada para la detección de infracciones viales. Sobre Camani pesan diversas sospechas, algunas de ellas ya bajo análisis judicial, entre las que se incluyen acusaciones de presunta extorsión mediante la supuesta fabricación de causas judiciales para expandir su participación en el lucrativo mercado de las fotomultas.
La causa también involucra a figuras del ámbito académico. En particular, se menciona a Diego Kampel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), cuya institución tendría un rol clave en el entramado. De acuerdo con la hipótesis del fiscal, la universidad habría funcionado como intermediaria a través de fundaciones vinculadas, firmando convenios con municipios que permitían evitar licitaciones públicas y controles formales en la contratación de los equipos.
El mecanismo denunciado consistiría en que una fundación asociada a la universidad era contratada por los municipios, y luego subcontrataba de manera directa a las empresas de Camani. Este circuito habría permitido que hasta el 70% de lo recaudado por multas quedara dentro de esa estructura, reduciendo significativamente los ingresos destinados al Estado. Un negocio redondo… para los privados. Estado Bobo, en estado puro.
Además, la presentación judicial señala el uso de facturación apócrifa y empresas fantasmas como herramientas para generar dinero en efectivo, presuntamente destinado al pago de sobornos a funcionarios responsables de autorizar los sistemas de control vial.
La investigación también alcanza a organismos públicos de distintos niveles, incluyendo la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. En este último caso, ya había sido procesado el ex titular del área, Jorge D’Onofrio -enfrentado a Camani con denuncias cruzadas que la Justicia investiga- aunque ahora Marijuan amplió el foco hacia los funcionarios que lo sucedieron, bajo la sospecha de que podrían haber participado en maniobras similares. La Justicia sospecha que Camani tiene aún peso determinante en organismos públicos que le ayudan a expandir su millonario negocio.
Entre los municipios mencionados en la denuncia figuran La Matanza, San Isidro, Zárate, Morón y General Pueyrredón, lo que evidencia el alcance territorial del presunto esquema.
La causa se encuentra en etapa de investigación y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la recolección de pruebas. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la transparencia en los sistemas de control vial y el uso de recursos públicos en la provincia.
