La ley de Reforma Administrativa (ley Dromi) bajo la administración del presidente Menem en los noventa es, al menos, controversial. Una herida de muerte a la gestión estatal de los servicios públicos en manos del estado. El principio del fin de la gestión pública de los servicios estratégicos esenciales.
En su articulado destaca la creación de la figura regulatoria por medio de organismos/entes jurisdiccionales respectivos para cada servicio: ENARGAS, ENRE, ENACOM, EPRE, OCEBA, etc.
La desarticulación y/o desnaturalización de tales instancias regulatorias sea por ineficacia, colonización política partidaria, botín de reparto de favores o simplemente desconocimiento o sumisión condujo a la situación actual de desinversión, multas millonarias que no se pagan, mala calidad de servicio, cortes, ineficiencia, fallos por imprevisión, incumplimiento de programas de mantenimiento, obsolescencia de infraestructura, etc.
Profesionalizar los organismos de control y/o regulación (incluso o aún mejor con cuadros de la política) y cumplir con sus objetivos específicos haría posible una gestión de calidad y, en el mediano plazo, revertir el actual estado de caos y descontrol.
Una gestión orientada en base a eficiencia energética, racionalización, uso racional, promoción de renovables, promoción de la generación distribuida entre otros, es el camino a recorrer. Para ello, la voluntad y decisión de la buena política es condición necesaria.
El sector energético necesita políticas de estado que trasciendan los plazos de la política. Políticas de estado a nivel de CADA jurisdicción e inter jurisdiccional: gobiernos locales (municipios), estados provinciales y estado nacional.
Es un sector dinámico y sensible que necesita previsibilidad para invertir y asegurar estándares de prestación y acceso universal, con innovación y nuevas tecnologías de gestión integral.
Ing. Raúl Ciappina
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