En vez de avanzar con la ampliación de las líneas de media y baja tensión que requiere la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para garantizar la prestación del servicio eléctrico, la gestión mileísta optó por la alternativa atípica de las megabaterías que fue cuestionada por los analistas del sector debido a que sólo implica una solución parcial y no de fondo y por la falta de precisión sobre los costos y el impacto que tendrá en las tarifas de los hogares.
Reglas licitatorias de la Secretaria de Energía
De acuerdo con las reglas licitatorias que definió la Secretaría de Energía que comanda la macrista María Tettamanti, el plazo de instalación de las megabaterías eléctricas oscilará entre 12 y 18 meses y el recupero de las inversiones -que según los cálculos oficiales llegarían a unos u$s 500 millones- se efectuará con un pago adicional en las compras de energía de Edenor y Edesur que luego será trasladado a las personas usuarias como un recargo tarifario.
Para hacer más atractivo el negocio, las autoridades energéticas establecieron que, si las distribuidoras dejan de abonar la parte que les corresponde, el Estado -a través de Cammesa- actuará como “pagador de última instancia”.
En la faz técnica, el pliego determina que quienes se presenten deberán “ofrecer provisión de energía y disposición de potencia durante al menos cuatro horas consecutivas por ciclo de descarga completa”. La potencia máxima por centro de almacenamiento podrá ser de hasta 150 MW, mientras que el nivel mínimo será de 10 MW.
El esquema licitatorio determina que las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados y opacos. En el sobre “A” se incluirá la propuesta técnica y en el sobre B, la oferta económica y cotización de servicio en u$s/MW.
Los contratos con las empresas ganadoras tendrán una duración de 15 años y contemplarán un pago por la potencia de almacenamiento disponible en u$s/MW-mes que se definirá según los siguientes ítems: valor ofertado, capacidad de almacenamiento, horas de almacenamiento validadas (HAV) y las horas de almacenamiento comprometidas (HAC).
Empresas interesadas
Hasta ahora, las empresas que expresaron su interés en participar del negocio son la alemana Siemens, la finlandesa Wartsila, la coreana Samsung y las chinas BYD y CATL.
Además de presentar una garantía bancaria de mantenimiento de oferta, las empresas que se adjudiquen las megabaterías deberán hacer frente a un esquema de desembolsos periódicos mientras llevan adelante las obras de montaje y habilitación de los equipos de almacenamiento.
Tendrán que desembolsar un pago inicial por adjudicación por la cantidad de pesos equivalente a u$s 4.000 por megavatio (MW) de potencia de almacenamiento contratada. Luego deberán concretar pagos trimestrales de u$s 4.000/MW hasta el cuarto trimestre calendario de 2026; de u$s 6.000/MW cada tres meses durante 2027 y de u$s 8.000/MW en los períodos trimestrales de 2028.
Estos pagos serán administrados por el Gobierno hasta que los proyectos alcancen la “habilitación comercial”.
Esquema de reintegros
A partir de ese momento, las empresas podrán recuperar lo aportado según este esquema de reintegros:
- Las que tengan en servicio las megabaterías antes del 30 de junio de 2026, recobrarán la totalidad de los pagos.
- Las que demoren hasta el 30 de junio de 2027, recibirán el 75% de lo abonado.
- Las que tarden hasta el 31 de diciembre de 2028, sólo van a recibir el 50% del monto pagado como garantía de cumplimiento de las inversiones.
Con el argumento de que este mecanismo destinado a acelerar los tiempos de las obras tira para arriba los costos de financiación, tres oferentes potenciales les habrían solicitado a los funcionarios de Energía que reduzcan o directamente eliminen los montos.
Por ahora, la postura oficial es no hacer modificaciones. Pero como el objetivo es tener varias ofertas para exhibir como un logro de la política económica, fuentes del sector consideran que la exigencia sea removida para poder engrosar la grilla de empresas competidoras.
Antonio Rossi