Luego del fracaso de la experiencia del sistema de fotomultas implementado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata, la Municipalidad de General Pueyrredon se encamina a iniciar un ambicioso proyecto para la instalación de 200 detectores de infracciones de tránsito nuevamente con una universidad nacional, en este caso, la de San Martín.
Los dos procesos, el primero bajo la gestión de Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica/Cambiemos) y el segundo con el actual intendente Guillermo Montenegro (Pro/Juntos), tiene un mismo punto de partida: la firma de un Convenio Marco de Cooperación con una universidad pública, institución que a su vez contrata a un privado para el despliegue operativo, así evitándose la Comuna la realización de una licitación pública.
Luego de dar de baja la licitación pública iniciada en el gobierno de Acción Marplatense, donde se habían presentado CECAITRA y Boldt SA, Arroyo firmó en 2017 un convenio con el rector de la UTN-La Plata, Carlos Fantini, por el cual se dispusieron 12 cinemómetros en la ciudad. El 50% de los recaudado sería para la Comuna, el 20% para la Provincia y el restante 30% para la universidad, que a su vez contrató a Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), el verdadero jugador detrás del negocio, una entidad que se presenta como una cámara que nuclea a 42 empresas del sector, cuyo presidente es Bernardino García y el vice su hijo, Mariano García, quien realmente mueve los hilos. Ambos son dueños de cuatro de las firmas que integran CECAITRA y tuvieron un fuerte despliegue en la Provincia a partir de sus vínculos con el sciolismo.
Tras múltiples irregularidades en el procesamiento de las multas y con una paralización del sistema desde fines de 2019, en septiembre de 2021 Montenegro dio de baja el Convenio, para el cual faltaban meses para su vencimiento. En el decreto se argumentó incumplimientos en la instalación de los equipos necesarios para realizar las multas, mientras que tampoco se llevaron adelante las capacitaciones acordadas ni el plan de difusión y concientización ciudadana.
La situación evidenció la insignificancia del rol de la UTN-La Plata y su rector Fantini, envuelto en múltiples polémicas y quien luego de 32 años de estar al frente de la Universidad, en septiembre de 2021 perdió las elecciones contra Luis Ricci. Cuando en 2017 firmó el acuerdo con Mar del Plata, sobre él ya pesaba una denuncia de la ONG Poder Ciudadano sobre irregularidades en el convenio de la UTN con el Ministerio de Desarrollo Social entre 2009 y 2015. La Justicia Federal avanzó con la investigación, donde se estableció una posible malversación de fondos por $181 millones.
La sospechaba era que tras la fachada de la Fundación de la UTN se malversaban fondos mediante facturas por servicios a nombre de ingenieros de distintos puntos del país, con epicentro en Santa Fe. Los profesionales involucrados negaron su vinculación con la UTN y denunciaron la sustracción de identidad.
Por otro lado, en octubre 2018 Fantini volvió a ser noticia, al ser baleado de noche en la puerta de su casa en La Plata por desconocidos que le dispararon tres veces cuando se encontraba en el interior de su vehículo. Uno de esos tiros dio en su hombro, generando lesiones de relevancia. El fiscal Marcelo Romero descartó que se haya tratado de un delito común. El ajuste de cuentas se estableció como la explicación más firme, aunque nunca se identificó a los autores. Fantini nunca se mostró colaborativo con la investigación.
Nuevos nombres
El nuevo convenio que comenzó a debatir el Concejo Deliberante busca vincular a la Municipalidad con la Universidad Nacional de San Martín por el plazo de 10 años. Ni en el Convenio ni en sus Anexos se cristaliza quién brindará el soporte técnico para el montaje de todo el sistema, que apunta a llegar a los 200 dispositivos a fin de año.
La UNSAM ya tiene acuerdos similares con otros municipios donde la empresa Secutrans SA es quien aparece como el jugador detrás de la fachada universitaria, aunque el nombre de la firma presidida por el excéntrico Leandro Camini no suele figurar en los acuerdos dados a conocer inicialmente.
Al igual que con la UTN, la Comuna además vuelve a vincularse con un rector con importantes antecedentes. Se trata de Carlos Greco, electo en 2017 tras desempeñarse como Secretario Administrativo y Secretario de Coordinación General y reelecto a fines de 2021, con mandato hasta 2026.
Contador público egresado de la UBA, inició su carrera en la política universitaria en la Universidad de Quilmes, donde se desempeñó como Secretario Administrativo del ex rector Julio Villar. Allí estuvo involucrado en casos de malversación de fondos públicos. En 2004, el entonces rector interino Mario Ermácora, que reemplazó a Villar, denunció a las ex autoridades por mala administración, falta de control y retiro de fondos públicos para uso personal, en el marco de un convenio con Proyacht Quilmes SA por la construcción y comercialización de veleros en el astillero que la universidad poseía en Florencio Varela. La Sigen calculó un perjuicio de 3,8 millones de pesos, unos 1,2 millones de dólares a valores actualizados.
El de Leandro Camani es otro nombre que comienza a sonar en la política marplatense. De 42 años, preside la firma desde 2019, cuando reemplazo a Hernando Matteri. Este empresario supo protagonizar páginas en revistas de espectáculos, por su matrimonio con Samanta Farjat y su noviazgo con Nazarena Vélez, aunque también encabezó noticias policiales. En 2010 estuvo vinculado a la Tragedia de Beara, un boliche del barrio porteño de Palermo donde se derrumbó un entrepiso habilitado irregularmente, hecho en el que murieron dos mujeres. Fue investigado por el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla, quien obtuvo grabaciones de Camani reconociendo haber sido quien facilitó la habilitación ilegal de Beara. Si bien estuvo procesado, finalmente fue sobreseído.
Quien es una de las figuras claves del negocio de las fotomultas, en 2017 protagonizó un particular episodio. A sus redes sociales subió un vídeo conduciendo un auto importado a 160 km/h en Avenida del Libertador, en una zona con una máxima autorizada de 60 km/h. El empresario recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones que promueven la seguridad vial, aunque el posteo aún puede encontrarse en su Instagram.
También fue señalado por inconsistencias fiscales: figura registrado como monotributista categoría F, que contempla una facturación mensual promedio de hasta $183 mil, cuando su estilo de vida evidencia gastos muy por encima.
Además de Secutrans, también es titular de otros emprendimientos. Uno de ellos es Red Cube SA, dedicada a la organización de eventos masivos, donde se destaca como responsable de los dos últimos Martin Fierro. También tiene una empresa, Think Group SRL, para la producción y organización de espectáculos artísticos, mediante la cual ha realizado festivales con presencias internacionales.
Con menos de seis años de existencia, Secutrans se transformó en uno de los grandes jugadores del negocio de las fotomultas en territorio bonaerense, donde tiene convenios con Escobar, San Isidro, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón y La Matanza, pese a contar con solo 7 empleados verificados en AFIP.
En 2017 tomó trascendencia por un escándalo en una licitación en Capitán Sarmiento. Luego que firmas vinculadas a CETRAITRA denunciaron que no se le vendieron los pliegos, al proceso se presentaron Secutrans y COINTRA SRL. Al abrirse los sobres, se conoció la oferta de la segunda que ofreció cobrar un canon del 38%, mientras que su abogado descubrió una maniobra con el sobre de CECAITRA, donde habían dos propuestas simultaneas, una por 55% y otras por 35%, la cual se expondría según lo que diga la oferta de COINTRA. Por el escándalo, la licitación se declaró nula.
En tanto, en 2018 San Antonio de Areco le rescindió el contrato vigente por diversos incumplimientos, mientras que hay conflictos en Escobar por faltas en la provisión de semáforos. Finalmente, en San Isidro el bloque radical expuso al intendente Posse al requerir diversos pedidos de informes dado que presuntamente el equipamiento utilizado para labrar infracciones no cumplía con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí, Secutrans también ingresó de la mano de la UNSAM.
La evasión de un proceso licitatorio para llevar adelante la contracción comienza a ser el Talón de Áquiles del convenio impulsado por Montenegro. Con sus antecedentes, Secutrans evidencia la falta de sustento técnico, económico e incluso financiero para sostener una presentación formal. El propio Carrancio puso blanco sobre negro: “hubiese sido más transparente hacer una licitación, donde quien esté interesado en prestar el servicio se presente. Camani nunca ganaría una licitación pública con estos antecedentes”.
Fuente: Lateclamardelplata.com.ar