Tras un debate caliente que se extendió desde la tarde de ayer hasta la madrugada de este viernes, el Senado de la Nación aprobó en general y otorgó media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, clave dentro de la agenda legislativa del Ejecutivo, obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, un margen ajustado que dejó al descubierto las complejidades del oficialismo para articular acuerdos en la Cámara alta.
La norma (que ahora girará a la Cámara de Diputados para su revisión y posible sanción definitiva) logró avanzar luego de una serie de significativas modificaciones y recortes que el Gobierno debió aceptar en el recinto y en las negociaciones previas para evitar una derrota total.
El camino hacia la media sanción no estuvo exento de tropiezos para La Libertad Avanza. En la víspera del debate, el Ejecutivo ya había optado por eliminar el capítulo 3 vinculado a la flexibilización de la extranjerización de tierras rurales, ante la firme resistencia de los gobernadores provinciales y de los bloques aliados.
Sin embargo, las tensiones continuaron dentro del recinto, donde el oficialismo sufrió un nuevo revés al fracasar en su intento por modificar la Ley de Manejo del Fuego (sancionada en 2020, que prohíbe cambiar el uso de bosques nativos, humedales y tierras agropecuarias afectadas por incendios). Ante la falta de apoyo de los senadores dialoguistas, el oficialismo debió dar de baja ese capítulo sobre la marcha.
El respaldo definitivo de los 37 votos afirmativos se estructuró con el aporte de los 21 senadores de La Libertad Avanza, 9 de la Unión Cívica Radical (UCR), 3 del PRO, los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la chubutense Edith Terenzi.
En la vereda de enfrente, los 33 votos negativos agruparon al interbloque justicialista, legisladores de Convicción Federal y otras bancas provinciales y patagónicas que cuestionaron de raíz el sentido de la propuesta.
Desde el oficialismo, la defensa del proyecto estuvo centrada en la necesidad de otorgar previsibilidad jurídica y agilizar los mecanismos legales de resguardo patrimonial. El senador libertario Agustín Coto, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el espíritu de la ley busca «simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional». El eje central en este punto apunta a que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima para acortar drásticamente los plazos judiciales.
Por el contrario, el interbloque justicialista endureció las críticas contra el modelo económico y la arquitectura de la ley. El senador pampeano Daniel Bensusán calificó la iniciativa de «mamarracho» y advirtió que el proyecto promueve la pérdida de soberanía. En la misma línea se expresó la rionegrina Ana Marks, quien cuestionó que se contemple la tierra meramente como un activo mercantilista.
El debate también dejó momentos de fuerte rispidez reglamentaria y política, como la polémica en torno a los pedidos de votación remota (especialmente el de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, cursando su octavo mes de embarazo), los cuales quedaron inhabilitados en el inicio de la sesión al no contar con la modificación reglamentaria previa exigida por el oficialismo.
Con este paso legislativo, el Gobierno se alza con una victoria parcial en su paquete de reformas económicas y de seguridad jurídica, aunque con un texto significativamente más acotado al original que ahora deberá sortear el filtro de Diputados.
