La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.
En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.
Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa que, según remarcó, reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.
Licitación para mantener rutas nacionales
A fines de año pasado y en el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.
En este contexto, a principios de marzo, Autopistas de Buenos Aires S.A. presentó su oferta para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones-Etapa II, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
La licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520.
