Vivir en la ciudad más cara del país se siente en todos los contribuyentes, no hay excepciones en este servicio se ha instituido las universalidad de una tasa de alumbrado público,que sin embargo se halla en muchos barrios hasta con el 50 % apagado. El gasto crónico sin rendiciones de cuentas del gobierno de Guillermo Montenegro, no ha cejado en procurar los ingresos demostrando que al gobierno municipal no hay plata que le alcance. Si tiene que manotear de los fondos afectados del EMTURYC para la promoción turística tampoco le ha temblado el pulso.
Una fuente irreprochable que supo domar el manejo presupuestario desde la política y sus funciones, alertó en el segundo año de mandato, en 2021 que a «Montenegro no hay plata que le alcance». En 2026 se ha alejado de la procuración de los recursos y además ha colocado – hasta donde se conoce – el cobro de deudas en manos de una empresa recaudadora.
Ya miles de marplatenses y millones de turistas pagan la sobretasa a la carga de combustible estimados en – US$ 515.000 – mensuales (desde febrero de 2024) a través de un ducto que requirió una programación especial para su ingreso a la ávida caja municipal. Ahora por extensión EDEA prestará un servicio no gratuito que pagará todo el elenco de usuarios de suministro eléctrico, no habrá excepciones como la mayoría automática propia otorga para construir por esa vía edificios de 35 pisos que proyectan además de otros problemas, sombras sobre la costa en el lugar de mayor sol para los turistas.
Ya hay equipos técnicos de especialistas, que están trabajando en la trazabilidad de un cúmulo desconocido, en materia de ingresos por recaudación de la MGP.
Tiene obviamente sus efectos como el traslado a la faz de costos que impacta en los precios, por ejemplo de los productos del turismo. Mar del Plata deja de ser competitiva mientras milita en las filas de LLA. En estos momentos en el país se asfixia el ingreso de turistas extranjeros al país y alienta la partida de argentinos a otros destinos internacionales de exclusiva demanda, que están en otro rango de precios.
Quienes siguen el día a día de la información dado el carácter de cautivo, se atreven a asegurar que puede constituirse en un ESTACIONAMIENTO MEDIDO II ocurrido en 1994 durante el gobierno de Mario Roberto Russak.
El tema tiene otras orillas cómo el OCEBA (Órgano de Control Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires) ya que habilita a 135 municipios bonaerenses a proceder en el mismo sentido, cuando la canasta de servicios es la que impacta con mayor vigor en los gastos fijos de cualquier familia. No es un tema menor, desde ya.
Un atisbo de reacción ha producido Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó un proyecto de comunicación donde exige al Departamento Ejecutivo el cese inmediato del cobro de la nueva Tasa de Alumbrado Público (TAP) a los sectores exceptuados y reclamar la devolución del dinero percibido de forma indebida.
«Desde el bloque opositor advirtieron que el Municipio comenzó a aplicar este gravamen de manera directa en las facturas de energía eléctrica de EDEA y cooperativas locales, pero camuflado bajo la denominación de “Ley 10.740”. Esta, maniobra, señalaron, oculta la información real a los contribuyentes mediante un cargo fijo que ronda los 6.000 pesos por inmueble –calculado de forma individual según las luminarias del frente y las esquinas de cada manzana–, omitiendo el nombre real de la tasa aprobada en la Ordenanza Fiscal vigente».
«La iniciativa legislativa expone severas anomalías en la implementación del tributo, el cual constituye un desprendimiento de la TSU que antes contemplaba este servicio. Al desdoblarse el cobro, la falta de cruce de datos fiscales generó un doble cobro encubierto: por un lado, afecta a los vecinos que ya habían abonado la TSU de manera anualizada, obligándolos a pagar dos veces por el mismo servicio de luminarias. Por el otro, la tasa de alumbrado impactó en los bolsillos de personas con discapacidad que cuentan con el CUD y que, por cumplir con los requisitos socioeconómicos de la comuna, se encontraban históricamente eximidas del pago de tasas municipales».
Al respecto, García cuestionó las políticas recaudatorias de la gestión local y alertó sobre la masividad del reclamo en la comunidad: “ El Municipio recurre a la trampa de camuflar un impuesto local detrás de una ley provincial para que los vecinos no adviertan el aumento ni sepan exactamente qué están pagando en el servicio de luz. Hicimos un posteo en redes sociales adviritiendo sobre la situación y se llenó de comentarios de un montón de vecinos y vecinas de distintos barrios que confirmaron que efectivamente les están cobrando dos veces el mismo servicio».
«Es una falta de transparencia total que perjudica directamente a los marplatenses y batanenses, tanto a familias que tiene alguna persona con discapacidad como a contribuyentes que ya cumplieron con el pago anual por adelantado. Le exigimos al Intendente que aclare los criterios de emisión, ordene reintegrar la plata cobrada de forma indebida y obligue a las empresas a detallar el concepto como corresponde: si la boleta de la TSU de este mes no refleja una reducción clara respecto al período anterior, el doble cobro en General Pueyrredon es un hecho ”.
«Para finalizar, el proyecto de Unión por la Patria solicita formalmente al Ejecutivo que gestione ante las prestatarias eléctricas la modificación de la descripción de la boleta para que figure explícitamente el concepto de «Tasa por Alumbrado Público», transparentando el origen del cargo. Desde la bancada opositora enfatizaron que el cobro duplicado y la opacidad en las facturas de servicios esenciales constituyen un atropello administrativo inadmisible en el actual contexto económico, obligando a la administración municipal a normalizar de forma urgente los padrones de exención y los canales de devolución correspondientes».
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