Garavano la corrió por una licitación irregular anticipada en exclusiva por LPO.
La decisión se produjo luego de que lo solicitaran sectores del Gobierno ante las constantes sospechas sobre casos de corrupción, principalmente el relacionado a la empresa Dienst Consulting, encargada de otorgar las acreditaciones de condición psicofísica a los solicitantes para la portación legítima de armas. La guerra que se desató en el organismo por esa licitación fue anticipada en exclusiva por LPO el año pasado.
En ese sentido, el empresario y abogado Adrián Bastianes formuló una denuncia contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Justicia, German Garavano; y la propia Gambaro, por lo que la ex titular de ANMAC es investigada por los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadio por los presuntos delitos de “administración fraudulenta y asociación ilícita”.
Gambaro fue diputada nacional por el partido de Francisco de Narváez, que también tuvo un paso por el equipo de Daniel Scioli, quien la había designado interventora de la fundación del condenado Padre Grassi.
Ante la salida de la funcionaria, ya empezaron a mencionarse nombres para el reemplazo: el más firme es el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, legítimo usuario de armas de fuego, tirador deportivo y ex secretario Legal y Técnico de ALUTARA Eugenio Cozzi, que reporta a la agrupación Gente de Derecho de Jorge Rizzo.
Cozzi se mostró varias veces en contra del desarme de la población civil y defendió siempre la tenencia y uso legítimo de armas de fuego.
Quien celebró la salida de la funcionaria fue la diputada nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, quien sostuvo que “es fundamental esta renuncia para poder dotar de transparencia al organismo”.
La legisladora, que fue autora de un pedido de informes sobre las irregularidades observadas en el ex Renar, pidió de todos modos que, “más allá de la renuncia de Gambaro, se investiguen las denuncias para que los hechos no queden impunes”.
Fuente: La Política Online
