Detalles del proyecto
La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.
Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.
“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.
