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Denuncian seguidilla de robos en la zona de Laguna de los Padres

blankLos defensores del pueblo de General Pueyrredon, Daniel Barragán y Fernando Rizzi, manifestaron su “profunda preocupación” por la seguidilla de robos que se está produciendo en la zona de Laguna de los Padres.

A la falta de respuestas del Municipio a los pedidos sobre el funcionamiento de la Laguna Reserva Integral en cuanto a guardaparques, baños, fogones, limpieza, reglamento de funcionamiento, se suma la importante cantidad de robos que agrega al ocurrido el 29 de marzo en la Escuela Agraria “Nicolás Repetto”.

Esa noche se llevaron tres ovejas y una vaquillona de 200 kilogramos. “Resulta imposible que esto se realizase a pie, por lo que suponemos que se hizo con un vehículo”, dijeron los defensores a la vez que detallaron que esto se suma a previos robos de 20 computadoras en la misma escuela y a robos de herramientas.

La base de guardaparques Maramar fue saqueada en 21 oportunidades y que son reiterados los robos en el Club Laguna de los Padres y la sociedad de fomento La Peregrina.

Existen en el predio de la Laguna y Sierra de los Padres la Comisaría 14ª, la sede de la Policía Rural y el Destacamento Vial de la Ruta 226. Pero toda esta presencia policial no ha tenido la capacidad de frenar la ola de inseguridad.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la escuela, el club, la sociedad de fomento y los habitantes de la zona en general”, sentenciaron.

“Las autoridades policiales deben hacer funcionar la buena cantidad de recursos que tienen en la zona y el Municipio debe hacerse cargo de que la Delegación Sierra de los Padres tenga la responsabilidad política de garantizar los servicios básicos (guardaparques por ejemplo) y la seguridad de los vecinos que también forman parte de General Pueyrredon”, relataron en un comunicado.

Los defensores “no hemos recibido hasta ahora respuestas de la Delegación Municipal ni de los distintos entes y secretarías que tendrían injerencia en Laguna y Sierras. Son responsables de los que pasa”.

Por último, consideraron que “el Estado municipal y el Ministerio de Seguridad deben garantizar el funcionamiento de las instituciones y la seguridad de las personas”.

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