La campaña ya es historia y quienes fueron férreos competidores ahora se volvieron aliados. Puede valer para varios dirigentes, pero en este caso es dentro del PRO en la era Milei: Patricia Bullrich y Diego Santilli acercan posiciones.
En los albores del gobierno compartido entre La Libertad Avanza y el partido que fundó Mauricio Macri, la ministra de Seguridad de la Nación y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires acordaron impulsar un proyecto de ley para “frenar el financiamiento al narcotráfico” en la Argentina.
El encuentro, foto incluída, ocurrió en la tarde del viernes por más de una hora, donde junto con el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sebastián García de Luca, repasaron “varias alternativas para combatir la inseguridad en todo el país”, según se informó oficialmente.
Tras el encuentro, Bullrich anunció que impulsará un proyecto de ley presentado por Santilli en marzo del 2022 que busca ponerle freno al financiamiento al narcotráfico. En tanto, como devolución de gentilezas, el diputado apoyó la propuesta de la ministra de Seguridad de bajar la ley de imputabilidad a 14 años.
Santilli, quien fuera el candidato en la Provincia de Horacio Rodríguez Larreta había competido en las PASO contra Néstor Grindetti, hombre de Lanús que fue en la papeleta que llevaba a la actual ministra de Seguridad como candidata a la Casa Rosada. Tras las elecciones, la fórmula de las “palomas” se desarmó y el tándem que supo comandar la Ciudad de Buenos Aires quedó en el pasado.
Si bien el sueño del PRO terminó en octubre, gran parte del partido supo reacomodarse para pasar a formar parte del nuevo gobierno y garantizando apoyo en el Congreso a Javier Milei.
De qué se trata la propuesta de Santilli que busca implementar Bullrich
En concreto, el proyecto presentado por Santilli propone facultar al Poder Ejecutivo para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, con el objetivo de impedir el financiamiento a las bandas narco y que sobrevivan distribuyendo el flujo de dinero con familiares, empresas fantasma o testaferros, entre otros.
Por eso buscará establecer “un conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, que incluyen congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.
El legislador señaló que el proyecto apunta también a los “jugadores intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737”.
La iniciativa propone controlarlo a través de un comité de análisis y fusión de información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas: “El comité estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”.
