El conflicto previsional que enfrentan los jubilados, pensionados y herederos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas una severa denuncia pública por la paralización de los reclamos y la estrategia dilatoria del propio Estado bonaerense.
La controversia gira en torno al no traslado de incrementos salariales otorgados en actividad, la aplicación de resquicios administrativos y un dilatado proceso judicial que vulnera derechos esenciales en una etapa crítica de la vida de los pasivos.
En diálogo con INFOCIELO, Carlos Pagliere, ex camarista bonaerense y ex presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires durante más de una década, desglosó el origen y la actualidad de las demandas que afectan a jueces, funcionarios y empleados jubilados. Durante el contacto, Pagliere remarcó enfáticamente que sus declaraciones son vertidas “a título exclusivamente personal” y no como vocero del Foro institucional, aunque respaldadas por su extensa trayectoria en el servicio de justicia y en la representación gremial del sector.
El origen del reclamo: Acordadas de la Corte y “subcategorías” como variable de ajuste
El nudo de la controversia se remonta a una acordada dictada por la Suprema Corte de Justicia provincial hace más de tres años. Si bien la norma dispuso un aumento remunerativo para el personal en actividad —medida que el ex magistrado consideró inobjetable—, su esquema de aplicación provocó un directo perjuicio a la pasividad.
“Lo que sí es criticable es que se entrevió, y el tiempo lo confirmó, que ese aumento iba a tener como variable de ajuste a los jubilados del Poder Judicial”, explicó Pagliere. En la práctica, el tribunal creó figuras denominadas “subcategorías” que funcionaron como supracategorías con remuneraciones superiores no integradas al sueldo básico, impidiendo que los aumentos se trasladasen a los haberes de los jubilados.
Para cobrar dichos adicionales, la Corte fijó como requisito la realización de cursos de capacitación. Sin embargo, al intervenir el Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo previsional rechazó liquidar los aumentos argumentando que no resultaba posible capacitar a quienes están jubilados ni otorgar “ascensos en pasividad”.
Sobre esta postura, Pagliere sentenció: “Fue un verdadero despropósito y algo sin ninguna razonabilidad”. Asimismo, recordó que constitucionalmente la Corte no tiene atribuciones para modificar cargos o categorías de magistrados y funcionarios, facultad reservada al Consejo de la Magistratura.
Tres años de mora en la Corte y la táctica dilatoria de la Fiscalía de Estado
A pesar de que el IPS no reconocía el derecho de los jubilados, la Suprema Corte continuó dictando acordadas en la misma línea. Transcurrieron más de tres años desde la primera acordada hasta que el máximo tribunal emitió una resolución aclaratoria reconociendo que la “verdadera naturaleza jurídica de estas subcategorías es la de un aumento salarial”.
No obstante, la solución planteada incluyó una recomendación que Pagliere tildó de “bastante vaga”, al instar a que la adecuación de los haberes se realice en un “tiempo razonable” y sugerir que el pago de retroactividades se efectúe según la disponibilidad financiera del IPS. Un deudor no puede dejar a su propia disposición el tiempo o el momento en que debe pagar», cuestionó el ex camarista.
Tras el pronunciamiento de la Corte, los juzgados del fuero Contencioso Administrativo modificaron su criterio y comenzaron a dictar medidas cautelares para ordenar el pago inmediato del beneficio a los jubilados. Sin embargo, el Estado provincial reaccionó apelando cada fallo.
Según denunció Pagliere, la Fiscalía de Estado recurre de forma sistemática a todas las cautelares favorables: “Es una metodología antigua del Estado: cuanto más se tira la pelota hacia adelante, mejor. Van estirando los plazos para ir retrasando el cobro”.
“Especulación con la vida” y una millonaria “gotera” financiera para la Provincia
Más allá del plano jurídico, Pagliere enfatizó la gravedad del impacto humano y social que provoca la demora administrativa y la liquidación “a cuentagotas” por parte del IPS.
“A mí me preocupa todo el espectro de los jubilados de la provincia, porque hay muchos que no pueden o no saben litigar. Se está actuando en un momento de precariedad, porque la vida se empieza a terminar y pareciera que se estuviera especulando con que va a haber menos actores con el paso del tiempo», advirtió con firmeza.
En esa línea, el ex titular del Colegio de Magistrados alertó que la estrategia de postergación de la Fiscalía de Estado provocará un severo daño a las arcas provinciales a largo plazo. “Con el pretexto de defender los intereses de la provincia, la están perjudicando. El cuentagotas para pagar hoy se va a convertir en una gran gotera mañana cuando haya que abonar costas, honorarios e intereses punitorios. Al final del camino, esto lo van a pagar los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires con sus impuestos”, remarcó.
Por último, Pagliere cuestionó las prioridades presupuestarias del Gobierno bonaerense al remarcar la contradicción entre escatimar la movilidad jubilatoria de los pasivos y realizar gastos superfluos. “Se hacen gastos superfluos cuando hay un tema de movilidad jubilatoria de por medio, mientras hay cuestiones que son de primera atención. Es necesario que se reflexione y que la solución venga directamente del Poder Ejecutivo y del IPS, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico antes de que la judicialización masiva resulte inevitable”, concluyó.






