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Con el impulso de las pocas “choferas” del país, surgen políticas inclusivas en el transporte

 

 

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La mujeres que quieran conducir ómnibus en el país van a estar eximidas de pagar el registro profesional y las empresas que las contraten tendrán beneficios, una decisión estatal impulsada por quienes ya son conductoras y artífices de cambios en un sector masculinizado y aún reticente para las trabajadoras del volante.

La semana pasada se anunció la puesta en marcha del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo en todo el país, el pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.

“Hay dos líneas de inclusión laboral: por un lado, el Estado pagará parte del salario que una empresa pague a las choferes por 6 meses, y en el Norte Grande, trabajamos con el anuncio presidencial de la reducción de cargas patronales del 80 % para quienes tomen mujeres y disidencias”, contó a Télam, Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo.

Todas las medidas están contempladas en el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la actividad del Transporte Automotor.

La que inició la lucha

Esta decisión política “es muy positiva” para Mirtha Sisnero, la primera en acudir a la justicia en 2008 reclamando su derecho a ser chofer, y pese a haber logrado un fallo favorable de la Corte Suprema en 2014 que reconoció que era discriminada, aún sigue sin poder conducir.

Ella trabaja en la Sociedad Anónima Estatal del Transporte Automotor de Salta (Saeta), en la empresa Tadelva, donde es inspectora.

“Sigo con la esperanza de que la empresa me diga sí y pueda conducir un colectivo”, dijo a Télam.

A casi 7 años del fallo judicial favorable, ella sigue sin poder ejercer su derecho.

Ayuda para pagar la licencia y un registro de aspirantes

Otra es la realidad de Erica Borda, que maneja colectivos desde 1999, que en 2014 presentó, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación, un amparo colectivo por discriminación contra las mujeres que pretendían trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros.

Obtuvo sentencia favorable y se creó el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) que sólo incluye a aspirantes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

También el fallo del juez Raúl Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo nº 50, dispuso que por lo menos el 30 % del plantel de choferes de las empresas de colectivos demandadas por Borda, debería estar ocupado por mujeres.

“Pero yo quería más”, contó Borda a Télam, y por eso “comencé a mandar mails a todas las áreas de Género y Diversidades de ministerios. Y me escucharon”.

Ella pidió ayuda para pagar el LINTI, que se visibilice y se tomen medidas por las desigualdades que aún persisten en el sector.

“Yo tengo trabajo -es chofer de la linea 130- pero otras chicas la están pasando mal. Pagar el LINTI es muy difícil para una persona sin trabajo, sobre todo para mujeres en situaciones vulnerables, precarizadas, que también hacen el trabajo de sus casas. Para ellas es muy difícil juntar 32 mil pesos para un registro que te habilita para conducir pero no para manejar un colectivo. El varón tiene su registro y tiene cien puertas para golpear pidiendo trabajo”, resumió.

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