Según cálculos privados, más del 60% del costo total de la energía eléctrica está hoy subsidiado. La normalización, por lo tanto, implicará que esa diferencia empiece a trasladarse de manera gradual a las tarifas finales.
Los cambios en el sistema eléctrico
De ahora en más, cada distribuidor (podría ser una de las cooperativas eléctricas del interior) deberá buscar su energía en acuerdos a largo plazo con generadores o comercializadores, en lugar de depender exclusivamente del despacho centralizado. El objetivo es que el mercado sea el que tome las decisiones de compra y venta de energía, reforzando la competencia y reduciendo la exposición a subsidios y precios regulados.
En este nuevo contexto, Cammesa tendrá un rol de coordinador activo, no sólo como operador técnico, sino también como administrador del registro de contratos. Deberá publicar precios de referencia, supervisar las operaciones, y liquidar diferencias entre la energía contratada y la efectivamente consumida por cada agente.
Este esquema, según estiman desde el Gobierno, convierte al MAT en un mercado transparente, trazable y con información pública, donde los precios y volúmenes reflejan las condiciones reales de oferta y demanda. Asimismo, se incorporan mecanismos de ajuste horario que permiten compatibilizar las variaciones entre lo pactado y lo despachado en el Mercado Spot, garantizando equilibrio y previsibilidad.
Una innovación clave es la segmentación de productos, que habilita contratos independientes de energía (MWh) y potencia (MW disponibles), o acuerdos mixtos que combinen ambas variables. Los grandes usuarios podrán asegurar precios fijos para su consumo energético, mientras los distribuidores podrán contratar capacidad firme para atender picos de demanda; sumado a que las reglas permiten que los distribuidores conformen agrupaciones o “pools” de compra.
La medida también avanza en la descentralización del manejo de combustibles y Cammesa dejará de concentrar su compra, aunque mantendrá sus funciones de despacho y administración del mercado, así como su rol de proveedor de última instancia, en línea con su diseño original. Al tiempo que se establece mecanismos de respaldo durante la transición de régimen.
«Durante las últimas dos décadas, la fijación administrativa de precios y los subsidios indiscriminados distorsionaron las señales económicas, desincentivaron la inversión y generaron dependencia del gasto público. La normalización del MEM revierte ese proceso, restableciendo el principio de marginalismo como base del funcionamiento del sistema», indicaron desde la Secretaría de Energía.
El nuevo marco reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028. (DIB)
