Organizado por el ISEPCi (Instituto de Investigación Social, económica y Política Ciudadana) se realizó en el rectorado de la UNMdP (Universidad Nacional de Mar del Plata), la jornada de debate “Hacia la construcción de una nueva Ley Federal de Pesca”.
Con la presencia de empresarios, trabajadores, funcionarios de la UNMdP y organizaciones civiles, se desarrollo el debate previo a la presentación que se realizará el 1 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación.
La apertura estuvo a cargo del Rector de la Universidad, Licenciado Francisco Morea, quien dio la bienvenida a los panelistas y comentó el trabajo de investigación y desarrollo científico que la casa de altos estudios está llevando adelante en los últimos años para acompañar el desarrollo pesquero y la sustentabilidad de la actividad.
Por su parte, el biólogo Guillermo Cañete, titular de Vida Silvestre Mar del Plata, planteó como “amenazas inmediatas”: “la sobrepesca (más de de lo que el ambiente puede sostener); la captura de juveniles, dado que hoy estamos acostumbrados a procesar y vender juveniles; y la captura incidental o bycatch, aquello que en parte se procesa y en parte se tira por la borda”.
A su vez, reparó en el impacto ambiental y remarcó que en los últimos 20 años, el recurso experimentó una reducción del 80 por ciento. “Esto es altamente preocupante”, indicó.
“Estamos en el filo de la navaja”, sumó luego e interrogó: “¿Qué pasa con la merluza que con todas las medidas que se supone que se implementan, no logramos que se recupere?”.
Cañete dejó en claro que el 95 por ciento de lo que se pesca, se exporta, y que la pesca sustentable tiene cuatro esferas: ambiental, política, social y económica. “Los primeros que caen cuando la pesca es sustentable son los trabajadores”, reparó.
Ante ello, mencionó como propuestas “un plan de recuperación de la merluza, un nuevo modelo de gestión pesquera basado en el ecosistema, un plan de emergencia de consolidación de todo el sector pesquero y controles eficientes, transparencia y acceso público a la información”.
César Briatore, del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), cuestionó la importación de embarcaciones a escasos valores: “Esto deja afuera el gran recurso, el recurso humano”. “Acá hay una industria naval preparada para la construcción de buques”, señaló.
Enseguida, llamó a pensar una “pesquería integral”: “Que los empresarios inviertan en su infraestructura y además se ponga un alto a esto de importar barcos de Europa, para pensar en nuestra industria”.
Karina Fernández, periodista de Revista Puerto, hizo hincapié en la realidad social que se vive en el puerto marplatense y que ella conoce de cerca desde hace 15 años a través de su labor. Dijo que durante la década del 90 se perdieron “muchísimos derechos laborales”. Y que del convenio de 1975 se pasó al sistema de explotación laboral de cooperativas, “que en nada responden al espíritu del cooperativismo”. Los obreros allí encuadrados no cuentan ni con los beneficios del cooperativismo, ni con beneficios sociales, ni con indemnizaciones si se quedan en la calle. Detrás de esta precarización, reparó en el abandono infantil de los hijos de las fileteras del puerto. La solución a ello, dijo, está ya escrita en el artículo 179 de la ley de contratos laborales, donde instan al empresariado a contar con salas maternales y guarderías.
De todas maneras, mencionó que el problema de fondo es el trabajo en negro. Planteó que el discurso que se oye desde el gobierno es atacar este flagelo, sin embargo “nada cambió en los últimos diez años”. “Desde el 2005 comenzaron con inspecciones. En la mayoría de las empresas se detectó fraude laboral, sin embargo a principios de este año la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dio a conocer que hay en el puerto marplatense un 80 por ciento de trabajo no registrado”.
A su turno, Elena Louge, bióloga y delegada de ATE en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero mencionó que la labor del Inidep es asesorar al gobierno nacional en sus políticas pesqueras. Actualmente es el subsecretario de Pesca de la Nación el director, a quien nunca vieron los trabajadores.
Para Louge “el tema fundamental es la administración pesquera”. Planteó que a pesar de las recomendaciones basadas en investigaciones y estudios científicos hay una caída de la biomasa. “¿Qué está pasando?”, interrogó. “Se los asesora bien y las biomasas caen”, insistió.
A su vez, hizo referencia al sistema de cuotificación, contemplado en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca. Contempló que se trata de una “privatización del recurso pesquero”, y recordó que es de propiedad social, de todos los argentinos. También hizo referencia a la experiencia en otros países “la política de cuotificación transferible generó mayor concentración y terminó con la depredación de las especies en otros caladeros del mundo”.
En el cierre de la jornada, Juan Pablo Malagutti, representando al ISEPCi, (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), remarcó la necesidad de “romper con el concepto de mercantilización de un bien común, que es la riqueza de nuestro mar”. “Hoy cometemos el error de tomar como un bien financiero, transable en el mercado, un recurso natural que es la riqueza de nuestro litoral marítimo. La experiencia de la burbuja inmobiliaria y su posterior crisis alcanza para darnos cuenta de la magnitud de las consecuencias de tomar este rumbo”.
Sobre la situación de la industria naval Malagutti planteó que “existe un sistema regresivo de premios a quienes inviertan en la industria naval nacional, es un claro ejemplo de esto es que las empresas que tienen menor capacidad de carga de construcción nacional, y mayor importación de buques sean quienes tienen las mayores cuotas asignadas para captura.”
