Por Emilia Delfino
El presunto cabecilla de una red de mafias vinculadas con el negocio de la salud, que involucra a millonarios contribuyentes de la campaña kirchnerista, empresarios y sindicalistas que vendían medicamentos adulterados, policías y víctimas del triple crimen, comenzó a ser desenmascarado.
El poderoso Néstor Osvaldo Lorenzo, bautizado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como el “Yabrán de los medicamentos”, fue detenido ayer por orden del juez Norberto Oyarbide. El magistrado también ordenó más de 30 allanamientos simultáneos en un gran operativo. Se trata de un golpe decisivo para un oscuro entramado que está sospechado de contar con amparo del poder político.
Lorenzo, que parecía inalcanzable para la Justicia, que lo investiga desde hace años pero parecía cubierto legal y políticamente, cayó junto a su supuesto socio en la Droguería San Javier, Sergio Gustavo Blanco, en su domicilio de Parque Chacabuco. Su nombre salió a la luz luego del triple crimen de General Rodríguez, cuando los cuerpos de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieron el 13 de agosto de 2008 en un zanjón de esa localidad bonaerense. Pero su presencia en el millonario mercado de los medicamentos de alta complejidad –cáncer, sida, hemofilia, entre otros– data de 1990. Ayer fue detenido porque, según fuentes del juzgado, “todos los caminos en las causas de medicación ilegal conducen a Lorenzo”. Quienes padecieron sus desmanejos son los pacientes oncológicos, hemofílicos y portadores de VIH que habrían sido estafados, y que en algunos casos hasta terminaron muertos, por tomar medicación adulterada.
Tiro por la culata. La investigación contra Lorenzo se inició con una curiosa dinámica. Arrancó cuando el sindicalista bancario Juan José Zanola denunció a San Javier por “defectos en la rendición de cuentas”. Poco después, se retiró como querellante, pero el Juzgado Federal número 5 continuó investigando los manejos de Lorenzo y la mafia de los medicamentos. La causa terminó desencadenando los allanamientos de ayer en la propia obra social de Zanola. Es que el gremialista siguió contratando a dicha droguería a pesar de haberla denunciado, y hasta creó un fideicomiso para garantizar las prestaciones de San Javier a la obra social bancaria (OSBA). Según fuentes del juzgado, “San Javier es el proveedor exclusivo de la OSBA” y Lorenzo, su dueño, está sospechado de ser el líder de una banda de empresas que se dedican a adulterar medicamentos oncológicos y de HIV.
Según fuentes judiciales, “queda por probar si Zanola está penalmente involucrado en la mafia de los medicamentos y la estafa al Estado a través de expedientes truchos presentados para cobrar reintegros a la Administración de Programas Especiales (APE)”. Un empresario del rubro farmaceútico amplió la versión del juzgado: habló con PERFIL de la utilización de expedientes de pacientes muertos para seguir cobrando reintegros del Estado. Esos episodios habrían sido descubiertos por Zanola y lo llevaron a hacer la denuncia contra Lorenzo. Pero algo hizo que la retirara y siguiera haciendo negocios con el denunciado empresario.
La cabeza. Según consta en la causa, todas las rutas de los medicamentos truchos conducen a Lorenzo a través de Forza, Ferrón y Ariel Vilán. Los primeros dos fueron asesinados en el Triple Crimen. El último, se arrojó de un noveno piso pocos días después del hallazgo de los cuerpos de los empresarios. Lorenzo era el proveedor de las tres farmacias: Baires Med (Forza), Pharma Group (Ferrón) y Unifarma (Vilán). La Justicia cree, además, que la Obra Social Bancaria (OSBA), a través de San Javier, “habría estafado al Estado mediante el uso indebido de un fondo del Banco Mundial para el otorgamiento de subsidios a las obras sociales”, incluso con “medicamentos adulterados”. Por eso, Ocaña hablaba de “sindicalistas que entregan ampollas de agua en vez de medicación”. Por ese motivo, ayer allanaron la sede central de la OSBA, el Policlínico Bancario y cerca de 30 laboratorios chicos y droguerías de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Otra pista condujo al juez hacia San Javier, cuando el juzgado recibió denuncias de que se vendían medicamentos para tratar el sida de un programa de las Naciones Unidas y distribuidos de forma gratuita por el Ministerio de Salud. Esos medicamentos fueron desviados de curso, les borraron las inscripciones de “Prohibida su Venta” y los incorporaron nuevamente al mercado. Incluso, algunos pacientes del Hospital Francés recibieron cartas documento de San Javier intimándolos a pagar miles de pesos por medicación que en realidad era de distribución gratuita.
Hasta el momento, los allanamientos no pueden dar con los sitios donde la medicación es adulterada, pero sí con los centros de distribución. Se habla de complicidad policial y se estima que cambian de lugar cada tres o seis meses.
Un aporte salpicado de sospechas
El triple crimen de General Rodríguez introdujo a Néstor Lorenzo en la escena pública, después de años de oscuridad. Los empresarios asesinados Sebastían Forza y Damián Ferrón eran clientes de la Droguería San Javier, propiedad del enigmático Lorenzo. A esa altura, el juez Norberto Oyarbide ya había escuchado su apellido en una investigación que lo involucraba en la venta de medicamentos robados al Estado. Hasta entonces, Lorenzo, con apoyo de sectores de las fuerzas de seguridad, había logrado sortear los entuertos judiciales y seguir en el anonimato.
Pero la suerte del empresario farmacéutico cambió radicalmente cuando Oyarbide allanó su casa y halló comprobantes por 945 mil pesos que habían sido entregados para financiar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.
Pese a que el nombre de Lorenzo jamás figuró en el listado de aportantes de la campaña electoral de 2007, sobre su escritorio aparecieron los recibos de pago de cuatro cheques que pertenecían a Julio César Posse, un ex informante de la DEA y de la SIDE, quien donó 155 mil pesos; Carlos Torres, vinculado a Lorenzo, quien aportó 170 mil pesos; la empresa Multipharma, que entregó 310 mil pesos, y Global Pharmacy Service, que aportó 310 mil pesos.
El rostro del empresario era un enigma hasta que PERFIL lo fotografió en enero a la salida de la droguería. Lorenzo había hecho del anonimato un culto: para evitar que lo siguieran se movilizaba en un taxi alquilado y era custodiado por un policía. A Lorenzo le adjudican una relación cercana con el ex funcionario Néstor Vázquez.
