Los fiscales que llevan adelante de la causa Vialidad, apuntaron contra la falta de controles de los organismos por una supuesta decisión política como el factor principal, para que las empresas de Lázaro Báez se quedaran con los contratos y pudieran incumplirlos.
Quienes están a cargo de la acusación de los 13 imputados por la obra pública de Santa Cruz, entre ellos, Lázaro Báez, criticaron el rol de los organismos de control. Tales como, la Auditoría General de la Nación, la cual estuvo a cargo de Leandro Despouy, y de la Sindicatura General de la Nación, la que corresponde a la oposición.
De esta manera, Sergio Mola reinterpretó el informe de auditoría que concluyó en que las irregularidades en la obra pública asignada a Lázaro Báez eran menores. El mismo, había sido ordenado por el primer titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, durante el primer gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, la fiscalía atribuyó esa consideración a que los auditores tuvieron 15 días para recorrer más de seis mil kilómetros. Además, refutaron que una auditoría indicó que no hubo irregularidades en las obras investigadas, tal como lo había planteado la defensa de los acusados.
Asimismo, Luciani y Mola consideraron que la decisión sobre los hechos fue tomada directamente desde la Presidencia de la Nación y que saltearon al Gabinete para llegar hasta el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
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