El gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió mover sus fichas ante las dificultades económicas que sacuden a la provincia y los municipios bonaerenses que atribuyó a las políticas y la “asfixia” financiera del gobierno de Javier Milei.
Convocó para el jueves 26 de marzo a una cumbre de intendentes no solo de Fuerza Patria sino de todo el arco opositor en el Salón Dorado de la Gobernación.
El título de la jornada fue más que elocuente y despertó enojo entre dirigentes libertarios: Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo t económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios.
Uno de los primeros dirigentes en quejarse por la iniciativa fue el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela: “En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era ‘ah pero Macri’ ahora es ‘ah pero Milei’” se quejó.
El complejo panorama económico en la provincia y los municipios
La convocatoria se produce en medio de las dificultades económicas que atraviesan a la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar como parte de sus acciones de freno del gasto público.
Para la gestión de Axel Kicillof se trata de fondos que corresponden por ley a la provincia de Buenos Aires y por ello tramita siete expedientes en la Corte Suprema de la Nación.
Luego de meses de letargo, el máximo tribunal dio una primera señal al habilitar una audiencia entre autoridades bonaerenses y del ANSES, ante un reclamo de 2,2 billones de pesos. Pido un aplauso para la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se acordó de la Provincia de Buenos Aires, deslizó con ironía, el gobernador bonaerense.
A las deudas reclamadas a Nación se suma la caída en la recaudación producto de la situación económica. El escenario golpea también a los municipios que vieron reducidos sus ingresos en materia de coparticipación provincial, una fuente de financiamiento que en muchos distritos es prácticamente indispensable para el funcionamiento y las prestaciones de los servicios básicos en las localidades.
