“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que presentan severas dificultades para funcionar. En menos de dos años, la capacidad operativa económica de los centros educativos de gestión privada perdieron 43% en relación con la inflación de ese período”, explicó Zurita.
AIEPBA dijo que el sistema de enseñanza de gestión privada atraviesa una situación “crítica” por “estas distorsiones que se han acumulado en los últimos años”, que hacen que las entidades “arrastren una compleja situación desde la pandemia, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando”.
La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios privados reclamó en una carta a la Dirección General de Escuelas que “los topes arancelarios se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio educativo en los institutos”. Además sostuvo en la misiva que “dada la inflación y las variaciones económicas, consideramos crucial la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. Esto permitiría ajustarlos de manera automática, en respuesta a los incrementos de los salarios docentes. De esta manera se asegura la estabilidad financiera de nuestras instituciones”.
