La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó varias actividades en la ciudad de Mar del Plata -entre el martes y el jueves de esta semana- con el fin de interiorizarse, monitorear y denunciar diversas situaciones de vulneración de derechos en la localidad. Los directores del organismo mantuvieron reuniones con el fiscal general Fabián Fernández Garello y con la defensora general Cecilia Boeri. En estos tres días de trabajo, la CPM desarrolló además el encuentro regional del programa Jóvenes y Memoria, se reunió con familiares de víctimas de la violencia institucional, armó una mesa de trabajo con organizaciones sociales y políticas, firmó un convenio con la Facultad de Humanidades de la UNMP, y realizó una inspección a la Unidad 15 de Batán.
“Mar del Plata no es ajena al contexto general que se vive en el resto de la Provincia; hay mayor violencia por parte del estado- señaló Hugo Cañón, presidente de la CPM- pero Mar del Plata hoy está transitando un momento de incremento de violencia institucional que se nos transmite a la CPM por canales diferentes. Víctimas que han sufrido el embate policial, a través de un desplazamiento de la policía que apunta a segregar a determinados sectores sociales como si fueran los sujetos peligrosos y una amenaza para la sociedad”.
Además de Hugo Cañón, estuvieron presentes Susana Méndez y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM. También participaron la directora general Sandra Raggio y los directores Alicia Romero y Rodrigo Pomares.
Después de estos tres días de trabajo, la CPM concluyó que a partir del anuncio de la emergencia en seguridad, es preocupante el incremento de prácticas policiales que vulneran derechos. Además de las prácticas sistemáticas de tortura y malos tratos, se señala el que desempeño policial y los procedimientos de control en la calle (que emulan las prácticas ilegales de la dictadura) son mecanismos disciplinadores de dudosa eficacia en la prevención del delito, que vulneran derechos y que tienen además un carácter fuertemente demagógico.
A las requisas, se suma una preeminencia de detenciones por averiguación de identidad (representa la mayoría de las detenciones) lo que aumenta el poder policial y las posibilidades de que se vulneren derechos. Un grupo particularmente vulnerable, las trabajadoras sexuales trans, está sometido todo el tiempo a vejaciones y abusos por parte de la policía.
La CPM hizo foco también en las cuestiones relacionadas con los niños y los jóvenes: hay un incremento de la persecución policial a esos grupos y, como contrapartida, falta de disposición de recursos orientados a la implementación de programas de promoción y protección de sus derechos. En particular, se habló del trabajo infantil y el problema alrededor del basural que implica una violación integral de los niños y niñas.
Sobre el Centro Cerrado de Batán, se especificó que existe superpoblación, hacinamiento, aislamiento prolongado y pésimas condiciones de vida que se agravaron desde el decreto de emergencia, con una mayor cantidad de detenciones de jóvenes de 16 a 18 años por delitos menores.
La CPM consideró positivo el anuncio del fiscal general acerca de la creación de una fiscalía específica para la investigación de casos de tortura. Entiende, además, que debería ser una oportunidad para revertir la situación de gran cantidad causas que se archivan en la región, porque estaría denotando la falta de estrategias para investigar este tipo de hechos que propician un marco de impunidad. Por último, la CPM se hizo eco de la preocupación que manifestaron las organizaciones por el ascendente consenso social que tienen estas políticas represivas.
Con relación a la reunión que mantuvieron con familiares de víctimas de violencia policial y penitenciaria, se recibieron “denuncias por las dificultades para el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”. En los casos de violencia policial “se perciben dificultades y falencias en las investigaciones y una preocupante omisión: no se usa el agravante de delito cometido por funcionarios públicos. Hay un contrapunto muy claro entre los arrestos domiciliarios para policías presos por casos de gatillo fácil, mientras que a los detenidos por delitos comunes no se les otorga este beneficio, aun cuando están con graves situaciones de salud”.
En la Unidad 15 de Batan se relevaron graves violaciones de derechos de las personas alojadas allí, el 75 % de las cuales son de Mar del Plata: aislamiento extremo, condiciones edilicias inhumanas, hambre, déficits en la atención de la salud y distintas situaciones de violencia y tortura componen un cuadro de situación que vulnera los derechos de las personas detenidas.
Las actividades
Encuentro regional de Jóvenes y Memoria
Más de 250 personas, que pertenecen a 34 escuelas de la región y a tres organizaciones sociales, compartieron el primer regional del año del Programa Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro que la CPM viene realizando desde 2002. El programa está destinado a jóvenes y consiste en la realización de una investigación sobre acontecimientos locales, relacionado con la vulneración de los derechos humanos tanto en el pasado como en el presente. En el encuentro, los jóvenes expusieron sus proyectos y quedaron de manifiesto muchos de los problemas actuales que viven en su cotidianeidad como la violencia policial, el trabajo infantil, los acuciantes problemas en la infraestructura escolar que vulnera el derecho a la educación, entre otros.
Encuentro con familiares
Participaron alrededor de 25 personas; entre ellas el padre de Damián Alejandro Sepúlveda, un joven ahorcado en un calabozo de la comisaría de General Madariaga, y el de Federico Taja, asesinado por la policía durante un operativo antidroga desarrollado en Balcarce. Se abordaron cuestiones vinculadas al acceso a la salud y a la justicia, la selectividad de las sentencias judiciales, y los malos tratos a los detenidos y a los familiares.
Convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata
Se firmó un convenio para la creación de un programa de investigación-extensión/ intervención, denominado: Seguridad democrática, violencia institucional y derechos humanos.
Jornada de trabajo “Acciones territoriales para la prevención y monitoreo de condiciones de vulneración de los derechos humanos”
Este encuentro tuvo como objetivo producir un diagnóstico compartido, amplio y plural de las condiciones actuales de vulneración de derechos en Mar del Plata, y fortalecer mecanismos de intervención articulados para la prevención, la denuncia y el monitoreo. Participaron 40 personas entre agentes judiciales, docentes y referentes de más de 10 organizaciones sociales. Durante el encuentro se hizo hincapié en la situación de la niñez y la juventud y en las transformaciones identificadas por los actores locales en torno a situaciones de conflictos y violencia policial en los territorios.
Inspección a la Unidad 15 de Batán
Por la mañana la CPM encabezó una inspección de la Unidad 15 de la que participaron los equipos del Comité contra la Tortura de la CPM, el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, el defensor oficial Ricardo Mendoza y el fiscal federal de primera instancia Pablo Larriera. La comitiva, apoyada por la Procuraduría de Violencia Institucional de la PGN y distintos funcionarios judiciales, entrevistó personas alojadas en los pabellones 3, 4, 7 y Sanidad, relevando gran cantidad de situaciones de vulneración de derechos; el compromiso es realizar diversas presentaciones judiciales y administrativas tendientes a lograr su cese.
