La Justicia de La Plata anuló este martes el pedido de elevación a juicio de la causa que en la que se investigaba por supuestas irregularidades a Daniel Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras una denuncia presentada por la exdiputada nacional Elisa Carrió.
Así lo dispuso el titular del Juzgado de Garantías Número 6, Agustín Crispo, que rechazó la solicitud del fiscal Álvaro Garganta, quien había pedido la elevación a juicio oral para Scioli y sus exfuncionarios como Alberto Pérez, Alejandro Collia, Antonio La Scaleia, Eduardo Aparicio, Walter Carbone, Guillermo Scarcella y el empresario Estanislao Miller, entre otros.
La causa se inició en 2016 a partir de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos” cometidos durante el gobierno de Scioli. Sin embargo, en noviembre de 2019 ya la causa había recibido un duro revés, cuando la Cámara de Casación bonaerense apartó a la jueza Marcela Garmendia, que investigaba la causa.
Casación afirmó en ese momento que Garmendia actuó con parcialidad, que en forma permanente le sugería al fiscal Garganta pedir la detención de los imputados, que ordenó allanamientos sin ninguna necesidad e incluso citó a declarar como testigo a Gisella Berger, pareja de Scioli, algo que está vedado por la ley.
Ahora, el juez Crispo advirtió en su resolución que existen “déficits” en el caso que “ineludiblemente acarrean dictar su nulidad”. Y consideró, además, que “debe hacerse lugar a los múltiples planteos nulificantes” de las defensas, ya que se podría generar “un perjuicio concreto para alguna de las partes” y advirtió la posibilidad de “afectación de garantías de raigambre constitucional” como los derechos de defensa en juicio y principio de congruencia.
La causa se había iniciado por una denuncia de Carrió por lavado de dinero, pero el fiscal luego decidió acusarlo de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Garganta acusó a Scioli de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención en la Provincia por $ 117 millones al empresario Miller, a cambio de “dádivas”. El fiscal también acusó al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez y su segundo, Walter Carbone, de haber sustraído de las arcas del Estado provincial $ 10.720.347 en al menos 25 ocasiones; y también planteó supuestas irregularidades en el IOMA y en el ministerio de Infraestructura. (DIB)