Política

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion en Malvinas

El gobierno argentino inició este martes formalmente sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para obtener una medida cautelar urgente que ordene al Reino Unido suspender de inmediato el proyecto petrolero «Sea Lion», ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Es la primera vez en la historia que el Estado argentino litiga contra Londres ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a las Islas Malvinas, luego de que el gobierno libertario cambiara su posición sobre las islas tras el partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el último Mundial.

Las audiencias públicas comenzaron hoy y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre. La delegación oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

Cuenta además con el asesoramiento de juristas de renombre, como Marcelo Kohen, y con la exposición técnica del embajador Mario Oyarzábal para pedir el cese de la búsqueda de petróleo en el archipiélago.

Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional.

Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

Durante la primera jornada, la representación de Buenos Aires argumentó que las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas de las islas a las petroleras Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido) violan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Argentina fundamentó su pedido cautelar en cuatro principios clave, entre ellos, la preservación de derechos, es decir, mantener el estado de la plataforma continental intacto hasta que se resuelva la disputa de soberanía de fondo.

También se reclamó no innovar en recursos no renovables, es decir, la prohibición de explotar recursos petroleros de manera unilateral en áreas bajo controversia internacional. Por otro lado, se requirió sostener la obligación de no entorpecer los mecanismos pacíficos de solución de conflictos y evitar daños irreparables al ecosistema marino del Atlántico Sur.

El apuro del Gobierno argentino radica en el calendario de las corporaciones, que prevén iniciar las perforaciones a principios de 2027. Según el planteo nacional, la extracción de crudo generaría un «hecho consumado» e irreversible sobre bienes que pertenecen legítimamente al patrimonio argentino antes de que se constituya el tribunal arbitral definitivo que juzgará el fondo de la cuestión.

Cabe destacar que la presentación técnica ante el TIDM no busca resolver la soberanía del archipiélago de forma directa, sino congelar toda actividad comercial británica en la zona en disputa mientras dure el litigio principal.

Por su parte, el Reino Unido ya adelantó que rechazará las medidas solicitadas y cuestionará la jurisdicción del tribunal, alegando que las operaciones se realizan bajo el marco normativo propio de las islas.

Sin embargo, las resoluciones cautelares de este tribunal son de cumplimiento obligatorio para los Estados firmantes de la CONVEMAR. El único antecedente directo del país ante este cuerpo judicial fue en 2012, cuando el tribunal falló a favor de la liberación de la fragata ARA Libertad, entonces retenida en Ghana.

La Cancillería estima que los jueces de Hamburgo podrían dictar su resolución sobre estas medidas provisionales en un plazo de dos a cuatro semanas, y se prevé un veredicto definitivo para finales de noviembre o principios de diciembre.

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