Guillermo Montenegro y el ministro bonaerense Javier Alonso, se reunieron para definir una estrategia conjunta frente al delito. Sin embargo, mientras avanzan los contactos institucionales y se anuncian nuevos operativos, todavía quedan interrogantes sobre los recursos que llegarán al distrito y las medidas previstas para los próximos meses.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de General Pueyrredon y marcó un nuevo capítulo en el acercamiento entre la administración municipal y el gobierno de Axel Kicillof. Además, las autoridades anticiparon que la semana próxima se sumarán funcionarios nacionales, con el objetivo de mejorar el intercambio de información criminal y coordinar las intervenciones de las distintas fuerzas.
Más operativos, pero sin precisiones sobre los recursos
Alonso anunció que durante las próximas semanas aumentarán los allanamientos vinculados con investigaciones de la Policía Bonaerense y las fuerzas federales, en articulación con la Justicia provincial y federal.
El ministro también reconoció la necesidad de adaptar las estrategias policiales a la complejidad del escenario local. “Hay veces que el desafío se vuelve más importante, el partido se pone chivo y tenemos que cambiar jugadores para que tengan más experiencia”, sostuvo.
Asimismo, confirmó que la Provincia y el municipio mantendrán reuniones semanales hasta el comienzo de la temporada de verano, con la intención de evaluar los operativos e incorporar a jueces y fiscales a las mesas de trabajo.
Sin embargo, todavía persisten dudas sobre los recursos materiales y humanos que tendrá la ciudad para sostener el despliegue. Durante su visita, Alonso se refirió al proceso de renovación de la flota policial bonaerense, pero no precisó cuántos patrulleros llegarán a Mar del Plata ni en qué plazos.
El funcionario se limitó a señalar que una parte de los vehículos será destinada al distrito, sin brindar cifras concretas. Tampoco hubo definiciones detalladas sobre la cantidad de efectivos y móviles que integrarán el operativo de seguridad para el próximo verano.
Con la temporada cada vez más cerca, el desafío será transformar los anuncios en medidas verificables y garantizar la continuidad de los procedimientos más allá de las visitas oficiales.
Un acercamiento después de las diferencias
La reunión entre Montenegro y Alonso se inscribe en una serie de contactos que el intendente retomó tras regresar al frente del Ejecutivo municipal, luego de once meses de gestión interina de Agustín Neme.
En las últimas semanas, el jefe comunal también se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En paralelo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, celebró la recuperación del diálogo entre el municipio y la administración provincial.
El nuevo escenario supone un giro respecto de las disputas políticas que habían condicionado la relación entre ambas gestiones. Ahora, la seguridad aparece como un terreno para recomponer vínculos institucionales, aunque las diferencias partidarias continúan vigentes.
Montenegro insistió en que la respuesta debe construirse mediante la cooperación entre los tres niveles del Estado. “Todo lo que hablamos tiene que ver con la cooperación, con la coordinación y con las responsabilidades que tiene cada uno de los actores”, afirmó.
El intendente también puso el foco en la necesidad de obtener resultados concretos para los vecinos. “Al margen de los anuncios, para mí lo más importante es el laburo y el resultado”, remarcó.
Avances en la prevención del delito juvenil
Otro de los puntos abordados fue la posible incorporación de General Pueyrredon al programa provincial Entramados, una iniciativa destinada a prevenir la participación de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años en hechos delictivos.
Aunque el municipio todavía debe formalizar su adhesión, ambas administraciones confirmaron avances en las conversaciones. El eventual acuerdo representa un acercamiento adicional, especialmente por los cuestionamientos que Montenegro había formulado anteriormente contra la iniciativa.
El programa contempla el seguimiento de jóvenes en conflicto con la ley y la intervención sobre sus entornos familiares y sociales. Según Alonso, la Provincia realiza un seguimiento de aproximadamente 8.000 menores de edad y la implementación de Entramados permitió reducir un 50% su participación en hechos delictivos.
De esta manera, la agenda compartida combina el refuerzo de los operativos policiales con políticas de prevención. Sin embargo, con reuniones semanales previstas y la incorporación de funcionarios nacionales, la mesa de seguridad deberá avanzar ahora hacia definiciones concretas sobre los recursos, los plazos y los resultados que cada jurisdicción puede garantizar.
