La reciente revelación que hiciera el diario La Nación respecto a una sospechosa movida en el Banco Nación que involucró un controvertido emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata, también deja expuesto una cuestión que atañe en forma directa al gobierno local de General Pueyrredon presidido por Guillermo Montenegro, hoy en uso de licencia pero virtual intendente en las sombras. (foto portada, junto al actual jefe comunal Agustín Neme)
Y que no se abordó tal vez como debería haber sido abordado por los medios locales.
Según el periodista Hugo Alconada Mon, el Banco Nación les negó un préstamo millonario a los impulsores del desarrollo de unas torres en el barrio de Chauvin, llamado Jardines de Chauvin SA, y el gerente zonal de la entidad aseguró que por negarse a dar ese crédito al que tildó de “irregular” fue trasladado a otra sucursal a modo de “represalia”.
A fines de 2024, el Concejo Deliberante aprobó con una velocidad inusitada, con votos del oficialismo, una excepción necesaria para «saltear» el Código de Ordenamiento Territorial (COT) para facilitar el desarrollo en cuestión en la manzana comprendida entre las calles Larrea, San Luis, Mitre y Azcuénaga, que incluía una torre de 22 pisos y otra de 11 pisos más locales comerciales en una zona donde no hay edificios de más de 9 pisos.
Pero además, este emprendimiento posee el agregado, de acuerdo a lo informado por Alconada, que uno de los socios del presidente de la sociedad, Guido Murgier, era Mariano Alejo Jinkis, el reconocido empresario exintegrante del grupo Full Play, involucrado en el escandaloso caso denominado FifaGate por presuntos sobornos investigado en la Justicia estadounidense.
Los desarrollos inmobiliarios fueron grandes protagonistas durante la gestión de Montenegro desde fines de 2019, con todo lo bueno y lo malo que ello implica, impulsando la actividad económica pero arrojando algunos conos de sombra sobre varias cuestiones.
Valiéndose de Ordenanzas por excepción, convalidadas por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante y modificando normas urbanísticas, el Ejecutivo local promovió la instalación y construcción tanto de polos comerciales como de torres y barrios privados no carentes de polémica. En especial respecto a estos últimos.
Es que muchos emprendimientos se hicieron sin los debidos estudios previos ni los permisos expedidos por autoridad competente, que aunque a veces pueden dilatar la ejecución de los mismos a través de una burocracia infernal, le otorgan al desarrollo una necesaria cobertura legal,
Cuando se levanta una torre de más de 10 pisos o se diseña un barrio privado, se torna imprescindible la ejecución en paralelo de obras de infraestructura, que en muchos casos se deben hacer con la colaboración de la Provincia, ya que pueden pertenecer a la órbita provincial.
Y aquí debe subrayarse otra cuestión.
Ante el gran crecimiento urbanístico de algunas ciudades, como por ejemplo Mar del Plata, empezaron a colisionar jurisdicciones, por el solo hecho de no haber acompañado nunca dicha expansión desde la normativa.
Por caso, la avenida Jorge Newbery, que se encuentra a pocos kilómetros del puerto pero que hasta hace pocas décadas estaba despoblada, hoy alberga barrios privados y zonas comerciales. Pero el absurdo se deja ver que dicha arteria pertenece a la provincia de Buenos Aires, desde su intersección con Mario Bravo hacia el sur, y no a General Pueyrredon.
Peor aún, la jurisdicción provincial llega hasta límites insospechados: el trazado de la ruta 226, que une Balcarce con Mar del Plata, llega hasta el cruce de Luro y Champagnat. Mismo caso para la Ruta 2.
O sea, que la jurisdicción provincial llega hasta esa esquina.
Lo mismo puede decirse de la ruta 88, que llega hasta el cruce con la avenida Juan B Justo.
De no creer.
Con este contexto, resulta inevitable una colisión entre ambas jurisdicciones. Mucho más cuando son de color político distinto. Y más si usan políticamente esas diferencias.
La administración de Guillermo Montenegro, para zanjar esos conflictos, optó por un camino cuestionable: la sanción de Ordenanzas por excepción, que otorgan permisos, si se quiere, precarios. Y ello generó un auge de emprendimientos, pero a veces saltando por encima de las normas.
El 1 de septiembre de 2021, el Ejecutivo local presentó en el Concejo Deliberante las Ordenanzas 25113 y 25114, que establecían un régimen promocional de incentivos para reactivar la industria de la construcción luego de la pandemia de coronavirus, que afectó visiblemente al sector.
Originalmente regían por 24 meses pero fueron prorrogadas todos los años, hasta la actualidad. Según la Cámara de la construcción local, en 2023 fueron aprobados más de 400.000 metros cuadrados, en 2024 se registraron más de 500.000 y solo en el primer semestre de 2025, más de 385.000.
El problema es que el Código de Ordenamiento Territorial data de 1979, y desde entonces solo recibió distintas modificaciones y ajustes y parches, pero nunca fue modificado integralmente. Está claro que la Mar del Plata de hace 50 años no tiene nada que ver con la actual.
La ciudad ha crecido hacia el norte y hacia el sur, en forma radical. A veces es dable sospechar que a ningún gobierno le conviene abordar una reforma total del COT, ya que mediante cambios temporales, es más fácil avanzar.
La sanción de las Ordenanzas de 2021, como se dijo, permitió que se construyeran miles y miles de metros cuadrados, pero también hizo que se acumularan conflictos sin solución, y que están emergiendo ahora, especialmente con la provincia. Y en épocas preelectorales.
Es que aquellos permisos otorgados localmente requieren, de acuerdo a la normativa provincial, de la convalidación de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) antes de entrar en vigencia.
Dicha repartición depende del ministerio de Gobierno bonaerense, a cargo de Carlos Bianco, que no se lleva nada bien con Montenegro.
Algunos ejemplos.
A partir de modificar “por excepción” el Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el Concejo Deliberante se aprobaron más de 10 proyectos inmobiliarios en las zonas más exclusivas de la ciudad y en barrios de gran valor patrimonial, como es el caso de “La Robla”, como se conoce al proyecto de vivienda multifamiliar Casa Malecón, o el caso de La Reserva Explanada al sur de la ciudad, en la que se proyecta construir 9 edificios sobre la playa y en zona arqueológica, a pesar de las advertencias por el fuerte impacto ambiental y habitacional.
El Emprendimiento La Robla es un polémico desarrollo inmobiliario que contempla la construcción de una torre de 35 pisos (unos 128 metros de altura) en el histórico barrio Stella Maris.
El proyecto es impulsado por la firma Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., presidido por Florencia Micone, titular del Centro de Constructores de Mar del Plata y uno de los nombres fuertes de este entramado, ocupando cargos directivos en la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios local.
El predio alberga a Villa La Robla, una residencia construida en 1927 declarada de interés patrimonial. El proyecto propone «integrar y preservar» la estructura original del chalet, pero edificando la gigantesca torre a su lado.
La zona (residencial R7) solo permite construcciones de hasta 7 metros de altura. Sin embargo, a fines de 2024, el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó una ordenanza de excepción para habilitar la torre.
Villa La Robla, en Aristóbulo del Valle y Gascón
En tanto, el mencionado proyecto inmobiliario La Reserva Explanada , en el barrio El Alfar, al sur de la ciudad, enfrenta una demanda judicial de vecinos y ambientalistas para anular su Declaración de Impacto Ambiental.
También se debe mencionar el proyecto comercial Plaza Rumencó (ubicado en Avenida Jorge Newbery 5035), que cuenta con un trámite de Declaración Preliminar de Impacto Ambiental en curso bajo el expediente EX-2025-00744136, pero que ha enfrentado fuertes cuestionamientos y una medida cautelar judicial que frenó las obras por la falta de aprobación definitiva de dicho estudio.
Por su parte, Patricio Gerby, titular de la constructora Coarco SA y mencionado en la causa “Cuadernos», en octubre de 2024 obtuvo el aval para la construcción de un edificio de 10 pisos en el predio de dos chalets de valor patrimonial, los “Vaia Po” y “Félix Pachano”, destinado para vivienda multifamiliar y locales comerciales.
También Coarco lleva adelante la construcción del barrio privado “Terralar”, ubicado en la Ruta 2. La enorme proliferación de estos barrios, especialmente después de la pandemia, generó un conflicto aún no zanjado entre el gobierno de Axel Kicillof y el municipio, ya que dichos emprendimientos no cuentan con la declaración de impacto ambiental por parte de la provincia, y las nuevas obras dentro de ellos están virtualmente paralizadas.
Es que la edificación de dichos barrios no fue acompañada de obras de infraestructura, como por ejemplo obras hídricas o levantamiento de los suelos. Es que surge la pregunta: ¿Quién debe hacer dichas obras? ¿La provincia, el municipio, o los privados?
Pareciera que la postura es: “Hacemos, y después vemos”.
En agosto de 2025, desde La Plata le pidieron al gobierno local “ordenar los múltiples avales” otorgados en los últimos años, en especial a los barrios privados. Desde entonces, ambas administraciones se encuentran abocadas a intentar solucionar semejante berenjenal. También ARBA está interviniendo en el conflicto, ya que llevó a cabo numerosas inspecciones.
En todos los casos se trata, indudablemente, de emprendimientos que mejoran la ciudad, dan trabajo, pero que tal vez podrían encararse de manera más prolija. Hechos de este modo, generan suspicacias y comentarios de todo tipo.
Y en verdad, lo revelado por el diario La Nación con respecto al proyecto de Jardines de Chauvin SA, abona esta teoría.
Maqueta de las torres de Chauvín
Es que el gerente zonal del Banco Nación había emitido un dictamen en el que consideró que la firma no aplicaba al préstamo, siendo una sociedad conformada para el proyecto, por lo que no presentaba ingresos en su primer balance y, además, no contaba con experiencias previas en desarrollos de este tipo.
Con el auge de estos emprendimientos, mayormente los actores son casi siempre los mismos: H. Ledesma y Asociados y Robles, por el lado de las inmobiliarias. Pero también estudios de arquitectura como Mariani (uno de los preferidos de Aldrey Iglesias), Caviglia, Pérez, Cañadas, entre otros. Estos últimos, a cargo del desarrollo de Chauvín.
La reiteracion contante de estos nombres alimentan las especulaciones.
Cabe consignar, así mismo, que el propio Colegio de Arquitectos del distrito llamó la atención por los procedimientos del Municipio. “Se debe adoptar un rol de planificación urbana integral, y no de simple gestión del interés privado”, manifestó en un comunicado en diciembre de 2024.
Y añadieron los profesionales: “La inversión privada es indispensable, pero no deben ser los requerimientos del mercado los que decidan la planificación de la ciudad”.
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
