Mar del Plata volvió a ser noticia en las últimas horas y no precisamente por cuestiones agradables, sino exactamente por todo lo contrario: en la ciudad balnearia se registraron 3 muertes en tan sólo 48 horas.
Como venimos insistiendo desde este medio, General Pueyrredon es uno de las localidades más inseguras de la provincia de Buenos Aires, con la complejidad de un distrito propio del conurbano pero más lejos de los flashes de los grandes medios, tal vez porque no sea gobernada por el peronismo.
El asesinato de mayor resonancia sin duda fue el de la joven de 25 años Juana Mailén Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, cuando el pasado viernes por la tarde asistió a una supuesta entrevista laboral y allí fue asesinada de manera brutal, en un caso que conmocionó al país.
Pero hubo otro crimen que también generó mucha indignación entre los vecinos de Mar del Plata, y que tuvo menor repercusión, y no por menos salvaje. El sábado por la tarde, un ferretero de 48 años, Ricardo Raúl Ruiz, fue fusilado por dos motochorros en un intento de robo al que presuntamente se resistió.
Los asesinos se llaman Alan Alberto Ovejero (25) y Tomás Hoste (23). Según reveló el diario La Capital hace pocas horas,
este último nunca debió estar allí, de no ser porque un juez de Ejecución Penal lo había beneficiado con el régimen de libertad asistida en marzo pasado, cuando Hoste debía cumplir una condena hasta el 5 de febrero de 2028.
¿Por qué estaba condenado? En diciembre de 2022, Hoste concurrió a un domicilio particular contratado como peón de albañil para la colocación de cerámicos. Pero en vez de ello, amenazó al dueño de casa con robarle, y de paso, intentó asfixiarlo, le pegó en la cabeza y le provocó cortes con un cúter.
Por este hecho, fue condenado a prisión hasta 2028.
Pero el 5 de marzo de este año, un juez dijo que Hoste “tenía conducta ejemplar, un informe socio ambiental favorable” y se había preocupado por el uso de “herramientas tratamentales”, esto último en relación a sus adicciones, informa La Capital.
Y lo dejó libre. Meses después, volvió a robar y esta vez, matar.
¿Quién es el juez? El dr. Juan Sebastián Galarreta (foto). Y según investigó este medio, no es la primera vez que lo hace.
El 10 de agosto de 2002, Diego Armoa Reyes y un cómplice se introdujeron en una reconocida galería comercial de Mar del Plata, en plena peatonal San Martín, con la idea de asaltar un “arbolito”, muy de moda por aquellos años por la crisis cambiaria imperante. Pero se equivocaron y asaltaron a una persona que paseaba por la galería.
Ante la situación, intervino el policía Manuel López Araya, de apenas 32 años, intercambiando disparos. El proyectil del delincuente impactó en el abdomen del policía y le causó una lesión de gravedad, falleciendo 16 días después tras una larga agonía.
Armoa Reyes fue detenido tiempo después y puesto a disposición de la justicia. A la espera del juicio, fue beneficiado con el arresto domiciliario, donde amenazó con un arma a un vecino. Finalmente, en septiembre de 2007 fue condenado a 30 años de prisión.
Pero el 23 de diciembre de 2014, 7 años y tres meses después de la condena, el Juzgado de Ejecución Penal Nº2, a cargo de Juan Sebastián Galarreta, le ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense la incorporación del reo al régimen abierto del Programa Casas por Cárceles y al beneficio de salidas transitorias. pese a informes contrarios confeccionados por los equipos interdisciplinarios de la Unidad Penal XV-donde cumplía la pena- en cuanto a su buena conducta y niveles de adaptabilidad y violencia.
El jueves 21 de mayo de 2015 dos individuos entraron al Hospital Privado de Comunidad, y amenazando con armas de fuego a los empleados se apoderaron de diversos bienes y se tirotearon con personal de seguridad.
Uno de ellos fue Diego Armoa Reyes.
El Programa “Casas por Cárceles”, aún vigente, fue implementado el 3 de marzo de 2010 en la Provincia de Buenos Aires en el ámbito de SPB, durante la gobernación de Daniel Scioli, mediante la Resolución Ministerial N° 56 “con el objeto de mejorar cualitativa y cuantitativamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad”.
El 6 de abril de 2018 fue actualizado por la Resolución 256/18, durante la gestión de Maria Eugenia Vidal. El Juez Galarreta valoró dicho programa como primer paso de la flexibilización del encierro y favorecedor de una mejor revinculación del interno con la sociedad.
Pero hay más.
Un sábado de abril de 2017, ocho personas disfrutaban de una cena en una casa en el barrio Puerto, cuando cuatro hombres armados ingresaron a los gritos y en cuestión de minutos los despojaron de dinero, teléfonos, valores y hasta de un auto. Uno de los delincuentes era Emiliano Cavas, un preso de Batán con salidas transitorias que estaba cumpliendo una condena a 20 años por asesinar a tiros y puñaladas en 2004 al joven comerciante y jugador de rugby frente a su esposa y su bebé.
Quien concedió el beneficio a Cavas, habiendo cumplido apenas 9 años de los 20 a los que había sido condenado, a través del Programa Casas por Cárceles, fue el juez de ejecución, Juan Galarreta, además de permitirle salidas los fines de semana.
César Galera fue detenido en mayo de 2016 sospechado de haber violado a una chica de 22 años a comienzos de dicho mes, tras sorprenderla en una parada de colectivos en la Ruta 11, en Playa Los Lobos. Trece años antes, en 2003, el reo había atacado a una chica de 17 años, poniéndole un cuchillo en la garganta y sometiéndola a espantosos vejámenes durante 6 horas.
Pese a haber recibido una pena de 16 años y 6 meses por este hecho, Galera recibió el beneficio de la prisión domiciliaria habiendo cumplido 12 de aquellos 16 de condena.
Pero lo llamativo e indignante del asunto es que el violador fue beneficiado por presunta buena conducta luego de que en julio de 2014 intentó abusar de una radióloga del Penal de Batán. El juez que le otorgó el beneficio fue Juan Sebastián Galarreta.
Juan Carlos Pili Santín tenía por delante cuatro años y diez meses de cárcel por robo agravado, cuando accedió a las salidas transitorias y, ya fugado y con pedido de captura, fue capturado acusado de un asalto. Jorge Dabos Díaz también tuvo permisos y fue luego detenido por tentativa de robo. Y finalmente Roberto Segura Maldonado, que no volvió a la Unidad Penal N° 15: lo encontraron dos semanas después, acribillado por quienes serían sus compañeros de atracos.
Los citados son sólo algunos de los internos a los que Galarreta concedió acceso al programa Casas por Cárceles, que les permite habitar en viviendas dentro del penal y concede una salida semanal, pese a que todos ellos tenían informes previos adversos.
El Departamento Judicial de Mar del Plata, integrado por los distritos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado, y Mar Chiquita, está compuesto por 3 Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, que a su vez tiene 3 salas.
También hay 16 juzgados en lo Civil y Comercial, 2 en lo Contencioso Administrativo, 7 de Familia, 5 en lo Correccional, 3 de Garantías del Joven, y 2 de Responsabilidad Penal Juvenil. Además de 2 juzgados de Ejecución Penal, y 6 de Garantías. Completan el organigrama 4 Tribunales en lo Criminal.
Según viene publicando este medio, se trata, indudablemente, de una justicia mayormente garantista, más allá de la edad de imputabilidad, ejercida, en algunos casos, por funcionarios que llegaron más por contactos políticos que por méritos propios.
Pablo Portaluppi
loqvi.com.ar
