Con el luto por la derrota de la selección en la final del mundial más o menos consumado, la política argentina entró en una previsible aceleración de los planes electorales. El gobierno se resigna a que las PASO podrían mantenerse, pero activa su “plan C”: hacerlas no obligatorias, una variante que podría tener un impacto profundo en la Provincia. En el peronismo, el intento de Cristina Kirchner de anular vía ONU la prohibición de ser candidata galvaniza la idea de que podría haber dos listas en competencia, aunque a la vez habilita negociaciones que girarán en torno a una cuestión clave: la reelección de los intendentes bonaerenses.
En un despacho cercano al de Milei se apilaban el martes los fundamentos de la nueva estrategia para la lucha por el poder el año que viene: encuestas de Poliarquía, Trespuntozero, Hugo Haime, Opina Argentina, Casa Tres y Proyección, consultoras de metodología, vínculos políticos e historial de clientes bien diverso, pero que coincidía en una cuestión: la microeconomía, el día a día de la gente, complica, hoy, la chance del presidente de reelegir. Hay que sumar a esos trabajos el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, insospechada de izquierdismo o peronismo, que está en su nivel más bajo desde diciembre de 2023.
“¿Y si la estabilidad al final no alcanza?”, se lee en la sección de conclusiones de uno de esos estudios. Una referencia a la hipótesis que más teme el ala política del Ejecutivo: la posibilidad de que el combo de baja de la inflación y dólar estable, los dos éxitos del plan Caputo, no compensen en el humor del electorado la caída de los ingresos disponibles y el endeudamiento récord que está complicando a las familias. Es la contracara irónica del “esta vez es distinto porque hay superávit” que esgrimen los comunicadores libertarios en las redes cuando les recuerdan los límites que han tenidos los planes de ajuste en Argentina en las últimas décadas.
El diseño del “Plan C” (el A fue eliminar las PASO, el B suspenderlas) recoge algo de la hipótesis que plantea el consultor, pero le da una vuelta de tuerca. El razonamiento de los estrategas del gobierno es el siguiente: el orden macro finalmente impactará positivamente en los bolsillos, pero necesitamos todo el tiempo que podamos conseguir para que eso ocurra. En términos electorales, que la elección sea lo más tarde posible. De ahí la variante de eliminar la obligatoriedad, que le ahorraría a Milei una elección anticipada y por eso riesgosa en este contexto. El antecedente son las PASO de 2015 y 2019, letales para Vidal y para Macri.
Milei explora en público otra agenda -reconexión con la emocionalidad nacionalista de los sectores populares tras el episodio Malvinas/Selección; marco refundacional para la reforma del BCRA; cumbre de presidentes de derecha para posicionarse como líder regional- pero en su entorno saben que el estado del bolsillo el año que viene será la clave para seguir en el poder. Por eso, en forma reservada, ya se mantuvieron conversaciones con varios gobernadores. Cuentan quienes están al tanto de esas charlas que la recepción a nuevo plan es favorable, porque la idea le da libertad de acción. Y porque ciertos giros a las Provincias acompañan.
En la mesa de arena desde donde se la impulsa, esta jugada tiene un rebote previsible en el escenario bonaerense. “La respuesta más probable es el adelantamiento de las elecciones en la Provincia”, dicen en Casa Rosada. Es la contracara del mismo argumento: si por razones del bolsillo a Milei le conviene por ahora retrasar la cita con las urnas, al peronismo le sirve lo contrario. En la cúpula libertaria también creen que los intendentes finalmente lograrán elimitar el límite a la reelección. “El peronismo será un rival duro otra vez en la Provincia”, dicen en la cúpula de LLA. Pero allí la prioridad absoluto es la suerte del Presidente.
¿Una negociación en medio del quiebre?
En el otro extremo del espinel, la novedad fue la presentación que Cristina Kirchner ante la ONU para intentar revertir su condena en la causa vialidad. Más allá de las chances de que esa jugada le permita ser candidata -evaluadas como muy bajas por el promedio de juristas especializados- el énfasis electoral con que ella misma la presentó galvanizó en Axel Kicillof la percepción de que podría negarle una interna el año que viene, aún en el caso de que las PASO no se cayeran. “Axel cree que tiene todo el derecho a hacer lo que hizo, porque la condena es injusta, pero a la vez dice: si ven que la interna nos favorece, no nos la van a dar”, cuentan en su entorno.
Existe una lectura detrás de esa reacción que le atribuyen al gobernador. En el MDF recuerdan las elecciones de 2005, 2013, 2017, cuando Cristina en contextos de desafíos internos se replegó sobre su núcleo duro y negó internas. Eso conecta con una presunción más añeja, que circula en voz muy baja, respecto de que CFK podría preferir seguir siendo líder de la oposición a que Kicillof sea presidente. El gobernador por lo pronto no moverá un ápice su estrategia: candidatura asumida peor no anunciada, despliegue federal de referentes propios, acumulación para el momento que conjetura de definiciones reales, a principios de 2027
En ese contexto tensísimo, en la Legislatura podría haber una negociación centrada en el límite a la reelección de intendentes, pero que excede ese tema. Kicillof impulsará el debate en comisiones de un proyecto que presentó la legisladora Ayelén Durán, pero que fue elaborado en Calle 6, para que los alcaldes recuperen la posibilidad de encadenar mandatos sin límites. Necesita de La Cámpora para hacerlo avanzar. Máximo le pide a cambio primero apoyo para un proyecto en el Congreso que funciona como plan alternativo al judicial para la libertad de su madre y, además, crear una mesa política para discutir el desdoblamiento electoral.
Curiosamente, hay coincidencias. Al menos parciales: el gobernador dirá sí a todo, excepto al pedido más espinoso del camporismo: completar las cuatro vacantes en la Corte provincial. En el entorno de Máximo Kirchner aducen que hay una promesa que hicieron el ministro Gabriel Katopodis y el diputado Mariano Cascallares de enviar los pliegos antes de la feria judicial, que se incumplió. El gobierno reconoce el compromiso -se tomó en el marco de la negociación por el endeudamiento, a fines de 2025- pero dice que fue Máximo el que lo liquidó “porque rompió todos los puentes en la Legislatura”.
Andrés Lavasseli
