La decisión de la Municipalidad de La PLata de poner fin a las contrataciones directas con cooperativas de trabajo y avanzar hacia un sistema de licitaciñon pública para disisntos servicios urbanos desató este viernes una fuetre protesta frente al Palacio Municipal que termino con incidents, daños materiales y detenidos
La manifestación se realizó en la sede comunal ubicada en calle 12 entre 51 y 53, donde entre 150 y 200 trabajadores nucleados en cooperativas y organizaciones sociales se concentraron para expresar su rechazo a una medida que, según denuncian, podría dejar sin sustento laboral a cientos de familias que actualmente realizan tareas de barrido, limpieza de zanjas, mantenimiento de espacios públicos y reciclado de residuos.
Durante las primeras horas, la protesta se desarrolló con cortes de tránsito, pancartas, banderas y cánticos frente al edificio municipal. Sin embargo, con el correr de la jornada la tensión fue escalando y derivó en una serie de episodios violentos que incluyeron la quema de neumáticos, rotura de vidrios y enfrentamientos con efectivos policiales que custodiaban el lugar.
De acuerdo con la información policial, algunos manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Municipal mientras arrojaban distintos elementos contundentes contra el edificio.
Los mayores daños se registraron en el frente del edificio comunal, donde quedaron destruidos varios vidrios de puertas y ventanas. Además, neumáticos y otros objetos fueron incendiados en los accesos, generando preocupación por la posibilidad de que el fuego se extendiera al interior de la sede gubernamental. Tras varios minutos de tensión, las llamas pudieron ser controladas y la situación comenzó a normalizarse.
Como consecuencia de los enfrentamientos se registraron daños materiales y cinco efectivos policiales sufrieron lesiones leves. Además, la fuerza informó la aprehensión de varias personas involucradas en los disturbios, mientras la Unidad Funcional de Instrucción de turno quedó a cargo de la investigación para determinar responsabilidades.
El origen del conflicto
La protesta tuvo como detonante la decisión del Municipio de modificar el esquema de contratación de los servicios de mantenimiento urbano. Este viernes venció el plazo para la compra de pliegos de la licitación pública destinada a la contratación de tareas de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el partido de La Plata.
Según explicó oficialmente la Comuna, la medida responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitaciones para garantizar transparencia en los procedimientos administrativos.
Además, desde la administración local señalaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires intimó al Municipio a cesar las contrataciones directas, tanto de empresas como de cooperativas de trabajo, una modalidad que se venía utilizando desde al menos 2011 para la prestación de diversos servicios urbanos.
La postura de la Municipalidad y de los cooperativistas
Desde el gobierno local sostienen que el nuevo mecanismo permitirá adecuar los procedimientos a la normativa vigente y fortalecer los controles sobre la utilización de recursos públicos. Sin embargo, las cooperativas advierten que la transición genera incertidumbre sobre la continuidad laboral de cientos de trabajadores.
Horas después del conflicto, desde la Municipalidad confirmaron que ya presentaron una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad; además, manifestaron: “Dicha organización política pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
Y agregaron: “Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Entre los sectores más preocupados se encuentran los recicladores urbanos. Yoana Zapata, integrante de la Cooperativa Recicladores Unidos, explicó que desde hace más de una década trabajan en coordinación con el Municipio para garantizar la recolección diferenciada y el procesamiento de materiales reciclables.
Desde las organizaciones que impulsaron la protesta rechazaron la versión oficial y sostuvieron que la incertidumbre sobre la continuidad laboral sigue vigente. A través de un comunicado conjunto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Justicia y Libertad, la Agrupación María Claudia Falcone y el Frente Popular Darío Santillán señalaron que, pese a las conversaciones mantenidas con funcionarios municipales durante las últimas semanas, no cuentan con garantías de que todos los trabajadores de las cooperativas continúen desempeñando sus tareas.
Además, cuestionaron la posibilidad de reemplazar esos puestos de trabajo por asistencia social y afirmaron que la medida podría afectar el sistema de reciclado que funciona en la ciudad desde hace más de una década.
