El gobierno de La Libertad Avanza vuelve al ojo de la tormenta por uno de sus escándalos de corrupción: los créditos hipotecarios dados por el Banco Nación a dirigentes políticos. Mientras la investigación avanza en la Justicia para determinar si hubo irregularidades en el medio, un pedido de acceso a la información pública arroja luz sobre la situación. Los detalles.
De la documentación recabada surge que entre enero de 2024 y marzo de 2026 el Banco Nación otrogó 1120 créditos hipotecarios a personas polóticamente expuestas (PEP). Esta definición incluye funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y tienen, según la normativa vigente, un régimen de control especial previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El dato fue confirmado por Andrés Lerner en una nota publicada este lunes en Ámbito Financiero. Todo surgió de un pedido de acceso a la información pública que fue contestado por la entidad bancaria luego de que trascendiera que un grupo de funcionarios le debían millones de pesos al banco de acuerdo con la central de deudores del Banco Central (BCRA).
En ese momento, principios de abril, quedaron en el ojo de la tormenta Felipe Núñez, con un crédito de $373 millones, Federico Furiase, con $367 millones, y Pedro Inchauspe, con $510 millones. También aparecieron funcionarios como Juan Pablo Carreira y Emiliano José Mongilardi, director de YPF, así como varios diputados de La Libertad Avanza con préstamos millonarios.
Ahora, el pedido de acceso a la información ratifica la información y permite sacar nuevas conclusiones. Por ejemplo, que cerca de 1 de cada 23 préstamos otorgados por el Banco Nación fueron destinados a dirigentes políticos porque en total, entregó 25.391 operaciones.
De acuerdo a la Resolución 192/24 de la UIF, se considera PEP a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes. La nómina incluye al presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales de primera instancia o superiores, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía. También alcanza a sus cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, así como a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años.
En este marco, cualquier banco está obligado a individualizar la información de una Persona Políticamente Expuesta porque están alcanzados por reglamentaciones especiales que buscan prevenir el lavado de activos y otros delitos.
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